Reclaman que Uruguay se haga cargo de su política científica

Los abajo firmantes, investigadores de diversas áreas del conocimiento, queremos hacer notar a usted y a la población en general, la complicada situación que atraviesa la Investigación Científica en nuestro país, producto de las decisiones presupuestales del Gobierno y de gestión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. La situación a la que hacemos referencia amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años, en lo que refiere a la consolidación de grupos de investigación y la retención en el país de jóvenes investigadores.

Desde hace un tiempo se sabe en el mundo que la experticia cientìfica no se logra de un día para el otro, que mantenerla y mejorarla precisa de esfuerzos sostenidos, políticas claras y consensuadas, que apunten al mantenimiento de la diversidad y la calidad. Es también claro que un desarrollo científico potente, sin ser suficiente, es necesario para garantizar el establecimiento de sistemas de Innovación basada en la Ciencia y la Tecnología.

Nuestro país ha decidido en repetidas ocasiones avanzar por este camino. Lo que inicialmente fue un impulso de los académicos uruguayos, a través de la Universidad de la República y del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue paulatinamente incorporado como una política de Estado, con hitos como el establecimiento del Sistema de Investigadores, la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación.

A modo de ejemplo, el Sistema Nacional de investigadores, creado en 2006, es un sistema de calificación que otorga un incentivo económico a los investigadores que lo integran. Para ingresar y permanecer en el sistema es necesario alcanzar un alto grado de formación, demostrar una producción científica sostenida, la dirección de proyectos y la formación de recursos humanos para la investigación. Lo que ha hecho la comunidad científica es responder al instrumento, incrementando su formación y su productividad, tanto en el diseño y dirección de proyectos, así como en la formación de recursos humanos y la publicación de los resultados de la investigación. Esto ha sucedido en todas las áreas del conocimiento, constituyendo una importante base sobre la que sustentar procesos de desarrollo en todas las dimensiones que el país entienda conveniente.

Luego del fuerte impulso inicial, la política nacional de Ciencia Tecnología e Innovación se volvió impredecible y sus mecanismos cada vez más tortuosos. Aún peor, esto se acompañó del congelamiento de los fondos en pesos corrientes y la división de esos fondos en un sinnúmero de instrumentos parcelados que imponen la fragmentación y multiplicación de los esfuerzos para conseguir financiamiento. La más de las veces esos esfuerzos terminan en convocatorias en las que solo una pequeña parte de los proyectos es financiada.

La firma en Agosto de 2014 de un acuerdo entre los candidatos de todos los partidos y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay generó un espacio de esperanza entre los investigadores. Esperanza del reforzamiento de los instrumentos generados y de la aparición de otros que subsanaran los efectos del estancamiento, asegurando un horizonte previsible para el desarrollo de las actividades de los investigadores. En estos documentos se planteaba, concretamente, arribar a un 1 % del PBI en inversión en Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. Por el contrario y contra el acuerdo mencionado, la inversión en CyT no pasó de 0,4 % del PBI. Los países que apuestan al desarrollo Científico-Tecnológico de tamaños comparables al Uruguay, invierten entre un 2 % y un 4 % de su PBI.

Esto tiene consecuencias muy negativas y muy concretas. Si los investigadores actuales somos cada vez más eficientes en formar recursos humanos, pero estos no tienen inserción ni fondos para trabajar, es claro que lo que va a pasar, lo que ya está pasando, es la exportación de investigadores en los que el país ha invertido una gran cantidad de recursos. Estamos montados sobre una maquinaria perversa que impulsa a formar más investigadores pero no prevé ningún mecanismo de retención y financiación de su trabajo.

Al estancamiento presupuestal hay que sumarle la política de la ANII. Su presidente, el Ingeniero Brum, ha sostenido repetidamente que la ANII no toma decisiones políticas. Eso no es cierto. A modo de ejemplo, el Fondo Clemente Estable, uno de los más importantes instrumentos de apoyo a la investigación fundamental, pasó de financiar proyectos por algo más de 56 millones de pesos corrientes en 2015 a algo menos de 37 millones en 2017. La caída de los fondos destinados no se debe a la falta de propuestas de calidad. En 2017 se presentaron 217 propuestas, siendo financiadas solamente 29 (un 13 %) un porcentaje mucho menor que el aprobado en ediciones anteriores, aunque el nivel de los proyectos fue mayor. Eso implica definiciones políticas por parte del directorio de la Agencia, definiciones que quitan fondos a un programa exitoso y lo distribuyen entre otros de temáticas diversas.

El presidente de la ANII ha declarado que el directorio ha logrado incrementar los fondos de investigación por la vía de destinar dinero a programas específicos que sirven de espejo de otros organismos que de esa forma aportan fondos. No nos oponemos a esta estrategia; nos parece de hecho una muy buena idea. Sin embargo, no parece razonable vaciar los fondos de un programa para financiar otro, al menos no sin una evaluación que indique que el programa no cumple sus objetivos. Las decisiones políticas del directorio de la ANII implican desvestir un santo para vestir a otro.

Por cierto, la ANII puede tomar las decisiones que estime oportunas; es parte de la política y forma parte de las decisiones de un gobierno democráticamente electo. Lo que sí decimos es que una política razonable de Ciencia y Tecnología debe ser lo suficientemente transparente en sus intenciones, orientaciones y mecanismos. Debe asimismo, ser suficientemente estable como para que quienes constituyen uno de los actores principales de la política, los investigadores, puedan prever, planificar y organizar su trabajo. Está también en juego el destino de los jóvenes que optan por estas actividades, y sus posibilidades de tener un futuro en este país. Nada de eso asegura la gestión actual de la ANII, que parece ignorar los problemas que generan sus decisiones.

Uruguay debe hacerse cargo de su política científica. Ya no es posible apelar a la válvula de escape de la ayuda internacional. Debido al sostenido crecimiento económico de los últimos años, para los organismos internacionales ya no somos pasibles de ayuda en este tema. Hacemos notar que otros asuntos que ocupan últimamente la agenda política nacional implican montos muy superiores a los que hoy dedica el país a la Ciencia y la Tecnología. Esto muestra que el estancamiento no es un tema económico o financiero: es una decisión política.

Cumplir con la promesa pre-electoral de llegar al 1 % del PBI que suscribieron todos los partidos sería una excelente señal. ¿Qué permitiría hacer un incremento planificado de los fondos?

En primer lugar permitiría crear mecanismos que aseguren la retención de los jóvenes formados. Por otro lado proveería los recursos para que los grupos que vienen trabajando de forma correcta lo puedan seguir haciendo. Para ello es necesario destinar una partida previsible y actualizada a los instrumentos más importantes, evaluando de manera abierta el impacto y pertinencia de estos y otros instrumentos.

Por último, creemos que parte de los problemas que evidenciamos son producto de que el diseño institucional que comenzó con la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación precisa hoy de una profunda revisión y actualización. En ese sentido, saludamos la constitución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología como parte esa nueva institucionalidad y nos parece muy relevante que se haya designado a un destacado académico para su conducción. Para avanzar en el mediano plazo es necesario asegurar la participación de los investigadores en la discusión de las políticas y las instituciones y que esa participación sea tomada en cuenta, no como la verdad revelada, sino como una voz importante en la definición de objetivos posibles.

Como siempre, los investigadores estamos dispuestos a colaborar en la creación de un nuevo marco que asegure la sostenibilidad de las políticas y su impacto sobre el bienestar de todos los integrantes de la Nación.