Suprema Corte de Justicia (SCJ) hizo lugar a una demanda por US$ 3 millones contra el Ministerio del Interior por errores en liquidaciones de los sueldos a policías, cuyos cargos van desde personal subalterno a oficiales de alta rango.
La Corte determinó que el Estado debía compensar a los policías demandantes (muchos de ellos retirados) en cuatro tandas, la primera de las cuales ya fue pagada por el Ministerio de Economía, según dijo a El País uno de los abogados de los policías, Leonardo Ciappesoni.
En el mes de agosto de 2010, varios centenares de funcionarios del Ministerio del Interior, bajo el patrocinio de los abogados Ciappesoni y Cecilia Vallejo, acudieron al Poder Judicial buscando el reconocimiento de un crédito derivado de la incorrecta aplicación de la normativa existente en relación a la liquidación de los haberes mensuales de los efectivos.
En su escrito, los demandantes solicitaron, en virtud de estas diferencias, que también les reliquidase a los pasivos las prestaciones correspondientes, las que deberán establecerse en atención a una nueva base de cálculo.
Los demandantes fundaron su reclamo en el artículo 118 de la Ley 16.320, que otorgó a los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior una compensación del 10% sobre el total de los ingresos sujetos a montepío (aportes al Banco de Previsión Social), como forma de pagar el concepto de permanencia.
En el juicio, los abogados probaron que las retribuciones sujetas a montepío de los policías no habían sido tomadas en cuenta para el cálculo de las compensaciones mensuales respectivas.
Esta circunstancia no solamente tiene una incidencia directa en la suma de dinero que los funcionarios en actividad perciben mes a mes, sino también en las sumas computables sobre las cuales se calculan las respectivas jubilaciones. Por ello, los policías también demandaron a la llamada «Caja Policial», a los efectos de que procediese a reliquidar las pasividades correspondientes.
La demanda ascendió a unos $ 90 millones de pesos (unos US$ 3 millones), y llegó hasta la Corte. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha comenzado a pagar las sumas reclamadas por los funcionarios policiales, según señaló Ciappesoni.
Además de los 700 policías que obtuvieron un fallo favorable de la Corte, otros 800 efectivos también realizaron reclamos a la Justicia. Es que, en 2010, efectivos policiales de Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, Rocha, Soriano, Colonia y Montevideo presentaron juicios laborales en juzgados civiles de esos departamentos contra el Ministerio del Interior en reclamo de la regularización del sistema de liquidación de sus sueldos.
Sostuvieron que las liquidaciones salariales de sus clientes se efectúan desde 1992 «en base a instructivos de la Contaduría General de la Nación, de forma tal que el funcionario policial recibe una cantidad menor a la que por derecho le corresponde». (Ver nota aparte).
Por eso, los abogados pidieron que se condene al Ministerio del Interior a pagar las diferencias salariales registradas en cada caso entre el 1° de febrero de 2006 y el 1° de febrero de 2010, ya que la legislación vigente solo permite realizar reclamos contra dependencias estatales por los últimos cuatro años de incumplimiento.
Asimismo, en las demandas se solicitó que la Justicia condene a la cartera a adecuar el sistema de liquidación de los salarios de los policías reclamantes.
Un informe contable entregado en diciembre de 2009 al entonces ministro Jorge Bruni, reconoce que el Ministerio del Interior estaba calculando de forma incorrecta las liquidaciones salariales de los policías, a causa de la aplicación de un modelo de cálculo elaborado por la Contaduría General de la Nación (CGN).
Ante el planteo de una de las gremiales policiales, el entonces ministro Bruni solicitó en 2008 la realización de un informe para determinar si existió o no un error en el cálculo de los salarios de los efectivos. Así, en un documento entregado a Bruni el 7 de diciembre de 2009, la Gerencia Financiera del Ministerio del Interior, señaló que los errores registrados en las liquidaciones «determina al tiempo actual una diferencia anual que asciende aproximadamente a $ 512 millones, distribuido entre la totalidad de cargos ocupados y vacantes». Ese monto equivale a unos US$ 26 millones.
El informe contable indica que los rubros salariales que son reclamados por los policías no fueron incluidos en las liquidaciones, ya que se trató de compensaciones que fueron creadas en diversas normas y leyes posteriores al diseño del mecanismo de cálculo de los salarios.
(Fuente: uypress)
