“Dije que era un pedido impertinente”, sostuvo. Según relató a los medios de prensa, la comunicación con el gobierno de Estados Unidos se dio en el marco de una reunión bilateral dentro de la Cumbre de la Organización de los Estados Americanos en Lima, este sábado 14. Aseveró que este tipo de planteo “sorprende” porque no es habitual.
Acerca de la posición del país sobre la situación en Venezuela, recapituló a los periodistas sobre las acciones oficiales hasta el momento: aplicar la cláusula democrática en el marco del Mercosur; advertir sobre la inconveniencia de la elección de una Asamblea Constituyente, sus roles y poderes; manifestar preocupación por el adelantamiento de las elecciones y la necesidad de que estas fueran libres, sin proscripciones y con observadores internacionales.
“Todo esto lo dijimos hace más de dos meses, creemos que la estrategia de andar haciendo comunicados cada dos meses sobre los mismos temas pierde efectividad, por eso Uruguay no participa, salvo en organismos internacionales. Si en la Organización de Estados Americanos (OEA) hay una discusión, allí estaremos, pero el Grupo de Lima, para nosotros, es un grupo que no tiene ninguna institucionalidad o formalidad, por lo tanto no se suma a ellos”, dio.
Sobre la posibilidad de firmar un tratado de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, reiteró que la voluntad política para alcanzar el acuerdo, en el marco de negociaciones complejas. “Nosotros no firmaremos un tratado que sea flagrantemente perjudicial para el país”, reiteró.
“Uruguay es un país con una economía muy abierta. Desde 1991, cuando se creó el Mercosur, el país con menos excepciones a las listas de bienes para incluir en el tratado fue Uruguay y eso se ha mantenido a través del tiempo. Los ajustes de la economía desde el punto de vista de la liberalización de su mercado se han dado desde hace 25 años, de manera que es muy poco lo que queda por liberalizar. Ahora, los sectores más sensibles, Uruguay los protege poniéndolos en canastas de desgravación más largas, de 10 o 15 años, para que puedan reajustarse a las nuevas demandas”, explicitó.
