Elevarán petición al presidente al ver lesionados sus derechos e intereses, por las condiciones asumidas por el Estado frente a la pastera.
«Vengo a comunicar mi discrepancia, como ciudadano, con el acuerdo suscrito el 7 de noviembre de 2017 entre representantes del Poder Ejecutivo y de la empresa UPM, respecto a la instalación de una segunda planta de celulosa en las costas del río Negro».
Así comienza la petición que un grupo de ciudadanos está haciendo circular, con el el objetivo de elevar una petición al presidente Tabaré Vázquez para que dé marcha atrás con el «negocio ruinoso» que, para el país, representan las negociaciones con respecto al eventual nuevo emprendimiento de la multinacional.
La iniciativa, que se puede descargar de la página de Facebook del grupo, denominada «UPM2», será canalizada según lo previsto en los artículos 30 y 318 de la Constitución, que le otorga el derecho a cualquier persona a peticionar ante todas y cualesquiera autoridades de la República, que estarán obligadas a otorgar una respuesta a su planteo.
En este caso, lo que se planteará es claro. «El negocio con UPM es sumamente inconveniente desde todo punto de vista» dijo a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, uno de los promotores de la iniciativa.
La petición,denominada «Uruguay sin UPM», objeta en primer lugar el propio contrato que el Poder Ejecutivo firmó con la multinacional en torno a la eventual nueva pastera.
«El Estado se obliga a asumir una cantidad de cargas antes que UPM se comprometa a nada», objetó Sarthou.
En ese marco se resalta que el acuerdo pone a cargo de Uruguay la construcción de obras muy costosas, como vías férreas, puerto, viaducto, carreteras y líneas de alta tensión, sin que la empresa asuma ninguna obligación correlativa, al punto de que podría desistir aunque el país hubiese cumplido todas las condiciones pactadas.
A su vez se señala que el costo de las obras, estimado entre mil y dos mil millones de dólares, aumentará el endeudamiento público que, en definitiva, deberán soportar todos los uruguayos.
Y, pese al monto de la inversión, el Estado no tendrá ninguna participación en las acciones de la empresa ni en las utilidades de la planta.
La petición objeta asimismo las exoneraciones tributarias otorgadas a la planta, que operará en régimen de zona franca con el compromiso estatal de comprar a precios prefijados la energía eléctrica que produzca.
«Generará una grave inequidad, muy evidente si se compara la carga tributaria que tendrá UPM con la que soportan los demás productores y trabajadores del país», se sostuvo.
Un punto importante en el planteo de los demandantes es la cuestión ambiental, con el impacto que la eventual nueva planta tendrá sobre la cuenca del río Negro, ya muy contaminado.
«Una pastera como la proyectada, dos veces mayor que la existente sobre el río Uruguay y con un consumo de agua equivalente al de una ciudad de casi un millón de habitantes, instalada en la orilla de un río interior, agravaría la situación que ya padece ese río, además de hacer temer por otros recursos hídricos y ambientales», se argumenta.
Otro de los ingredientes del «negocio ruinoso» para el país gira en torno a la «inaceptable intervención» de UPM en la legislación laboral nacional y en los programas de enseñanza técnica y profesional en los departamentos cercanos a la zona donde instalará su planta.
En ese sentido se hará valer que la nueva pastera consumiría agua por el equivalente a una ciudad de casi un millón de habitantes, con el consiguiente vertido de efluentes.
Finalmente, en caso de conflicto, el Estado uruguayo podría quedar sometido a la decisión de una tribunal supranacional, con serio desmedro de su soberanía.
«Las consideraciones establecidas con UPM hacen que todo ciudadano del país pueda considerarse afectado en sus legítimos derechos e intereses, por lo que el objeto de esta petición es que, dado que los artículos 8.2 y 8.3 del documento permiten desistir del acuerdo sin ninguna sanción, se desista del mismo y se comunique la decisión a UPM con la mayor celeridad posible», se pide.
Según explicó Sarthou, la iniciativa carece de un plazo para ser presentada. La voluntad es elevar las peticiones ante el gobierno, a medida que vayan llegando a manos de los promotores.
«Es muy importante la cantidad de personas que se manifiesten en este sentido. La idea es hacer saber qué somos muchos», afirmó.
Consultado sobre qué número de peticiones se considerarían suficientes, el abogado fue directo. «Lo razonable serían más de tres millones, porque cualquier persona sensata debería concluir que esto es un mal acuerdo», dijo.
