La intermediación lucrativa es apenas «la punta del iceberg». Hay 1.500 denuncias de afiliados cambiados de prestador sin saberlo.
Diez meses después de su puesta en marcha, un nuevo capítulo comenzó este lunes en las actuaciones de la Comisión Investigadora que, en Diputados, indaga las denuncias sobre las irregularidades detectadas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La Investigadora empezó a abordar todo lo relacionado a la estafa que, a principios del año pasado, quedó al descubierto en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), relacionada con el delito de «intermediación lucrativa» en favor de determinadas instituciones.
Se detectó que varios «gestores» ofrecían dinero a usuarios de otros prestadores para cambiar su afiliación. La maniobra incluía además la creación de empresas falsas que reclutaban gente en zonas marginales, a los que inscribían como trabajadores a cambio de un pago de $ 500.
Luego los anotaban en una mutualista, que cobraba la cápita correspondiente abonada por el Fonasa. El perjuicio al Estado estaba dado en que, al no existir, ese «trabajador» no realizaba los aportes correspondientes.
Un asunto que, para los legisladores y luego de la sesión, representa apenas la «punta del iceberg».
La comisión recibió a la jefa de Afiliaciones Mutuales del Banco de Previsión Social (BPS), Irma Rodríguez, que llegó con un planteamiento que sorprendió a los legisladores.
La jerarca asumió su función en 2015 y, según declaró ante la Investigadora, desde entonces viene denunciando ante el organismo las irregularidades que ha venido detectando.
Sobre todo en cuanto a la «absoluta falta de controles» sobre la legalidad de los cambios de usuarios que se procesaron.
Según dijo a ECOS el diputado Daniel Radío (Partido Independiente), no solo se trata de casos de intermediación lucrativa, sino de algo mucho más grave: a mucha gente la han cambiado de prestador de salud sin su consentimiento.
En ese sentido Rodríguez presentó a la comisión unos 1.500 casos de afiliados que, en determinado momento, fueron a atenderse a su mutualista y volvieron con la sorpresa de que, sin saberlo, pertenecían a otra.
Consultada sobre las posibles razones para esa irregularidad, la jefa de Afiliaciones del BPS fue categórica: «Hay muchas manos en el mismo plato», sostuvo.
Según Radío la situación se agrava si se tiene en cuenta que, como expresó Rodríguez, el BPS le bajó el perfil a muchos de los casos, caratulándolos como «solicitud de cambio» de prestador en lugar de tratarlos como una irregularidad.
Otra de las irregularidades planteadas pasa por numerosos casos de afliados que, ante el BPS, figuran con más hijos de los que realmente integran su núcleo familiar.
Ante la comisión y, al margen de la estafa al Fonasa, Rodríguez habló de la realidad del sector luego que el gobierno decidiera, este año, mantener cerrado el «corralito mutual» y frenar la movilidad entre prestadores salvo por causas justificadas.
En ese marco, afirmó que en lo que va del año llegaron al BPS más de 5.000 solicitudes de cambio por parte de los afiliados. La razón fundamental que se esgrime es la «pérdida de confianza» ala calidad de atención de la institución a la que están adheridos, seguido de presuntas «mala praxis».
Radío transmitió la impresión que Rodríguez dejó en la comisión: «Parece muy jugada y comprometida con su función». Una actitud que, según trasmitió la propia jerarca, le ha traído complicaciones en el organismo.
Rodríguez sostuvo que, a raíz de sus denuncias, se le ha inhibido el acceso a determinados ámbitos y a la propia Junta Nacional de Salud, que es la que regula la movilidad entre los prestadores de salud.
Según el diputado nacionalista Martín Lema, la jerarca aseguró que, «desde el directorio del BPS para abajo», todos estaban al tanto de sus denuncias. Señaló incluso que recibió «sugerencias» del equipo de abogados del organismo de que bajara el perfil de sus planteos.
(Fuente: Ecos.la)
