La Cámara Federal confirmó el procesamiento en la causa Hotesur de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, dejando a todos a un paso del juicio oral.
La resolución de la Sala I de la Cámara Federal fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Para la Cámara Federal, hubo «un pacto asociativo entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez, junto a otros integrantes con posiciones clave dentro de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, a partir de mayo de 2003, a fin de apoderarse de los fondos destinados a la realización de obra pública vial en la Provincia de Santa Cruz, al que la encartada (Cristina Kirchner) se habría sumado en diciembre de 2007, al momento de suceder a Néstor Kirchner en la primera magistratura».
La Cámara Federal estableció que «es razonable inferir» que las sumas de dinero que recibía Báez de la obra pública «fuesen repartidas o distribuidas entre sus principales socios. Esto es, los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Lázaro Báez (de la asociación), que en principio era quien recibía los beneficios derivados de los ilícitos cometidos».
Un detalle: aunque el juez Julián Ercolini había dispuesto embargos por 800 millones de pesos para CFK, sus hijos y Báez, la Cámara Federal redujo los montos de todos los implicados. Fijó 170 millones para la ex mandataria, Lázaro, Máximo Kirchner y Martin Báez por ejemplo, y dejó en 150 millones a Florencia Kirchner y en 60 millones a Sanfelice, Manzaranes y Mercado.
Con esta resolución, Ercolini está en condiciones de dar por cerrada la causa y elevar la causa a juicio oral.
Será así el quinto juicio oral de Cristina Kirchner: dólar futuro, Memorándum con Irán, obra pública (que comenzará el 26 de febrero), Los Sauces y ahora se sumaría Hotesur. En la causa de los cuadernos de la corrupción K, está procesada a la espera de que la Cámara Federal lo revise y decida si se insiste con su desafuero.
Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en donde el precio se depreciaba y fugaban las divisas.
La empresa administraba los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.
La denuncia recayó en manos del juez federal Claudio Bonadio, que en noviembre de 2014 ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital y se encontró una oficina vacía. Fue la primer causa que comenzó a complicar seriamente a la ex presidenta.
A mediados de 2015, Bonadio fue expulsado del expediente después de ordenar una serie de allanamientos en Santa Cruz. Justo en ese momento la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, hizo lugar a un pedido de nulidad de Romina Mercado, en base a unos peritajes contables que no habían podido ser controlados por la defensa.
Por sorteo el caso fue a parar a manos del juez Daniel Rafecas y el 24 de febrero de 2016 este magistrado decidió dividir la causa en tres hechos y declararse incompetente en el tramo central, en el que mandó el caso a su colega Ercolini, que investigaba la causa madre de asociación ilícita.
El 9 de noviembre de 2017, Ercolini le tomó declaracion indagatoria a Cristina Kirchner y a sus hijos. Allí Cristina insitió en negar las acusaciones y hablar de una persecución judicial en su contra.
El 25 de agosto pasado, el juez firmó su procesamiento y el del resto de los implicados, que ahora fue confirmado por la Cámara Federal.
