La Dirección Nacional de Asuntos Sociales identificó una maniobra con tarjetas de débito por parte de una funcionaria policial de la oficina del departamento de Treinta y Tres y realizó una investigación. La Justicia la condenó con prisión.
La maniobra fue detectada en el departamento de Treinta y Tres, donde se estableció que dos pensionistas (retirados policiales) habían sido afectados económicamente, al haberse retirado dinero de sus pensiones.
Esto generó una denuncia y la propia institución (DNAS) ordenó que se iniciara una investigación que duró unos 6 meses y se inició un sumario administrativo con separación del cargo a una funcionaria de la oficina del mencionado departamento.
La investigación (penal) la realizó la Policía olimareña donde establecieron que esta persona solicitó préstamos de dinero, utilizando como base las cuentas bancarias de los dos pensionistas.
Caso aclarado
El resultado de la investigación determinó que el Banco República expidió dos tarjetas similares, una la envió a la DNAS para que la entregara a los usuarios, y simultáneamente entregó otras tarjetas a los usuarios. Por tanto, ante los registros y el sistema, ambas tarjetas figuraban como entregadas y activas.
En diálogo con UNICOM, la directora Nacional de Asuntos Sociales, Marisa Arizeta indicó que la funcionaria notó la falla y se aprovechó, solicitando préstamos y realizando compras con las tarjetas.
Por su parte, la Fiscalía departamental de 2do. Turno realizó la audiencia de formalización contra la funcionaria de 47 años, y luego del juicio abreviado efectuado el pasado 25 de octubre, el Juez Letrado de 4to. Turno Dr. Gustavo Machado, dispuso la condena de dicha Policía como autora penalmente responsable de un delito continuado de peculado, a la pena de 10 meses de prisión, un mes de cumplimiento efectivo de la misma, y 9 meses de libertad vigilada, así como también la inhabilitación especial de 2 años para ejercer como funcionaria policial.
Dicha funcionaria fue derivada a la Unidad 17 del INR (Campanero) del departamento de Lavalleja.
Por otra parte, la directora sostuvo que este tipo de situaciones no son comunes en la administración, debido que existen diversos controles que impiden que sucedan. “En este caso fallaron los controles en cuanto a la emisión de las tarjetas”, finalizó.
