Un nuevo operativo policial culminó con ocho detenidos y la requisa de armas, drogas y vehículos. El modus operandi tiene similitudes con otros desarticulados anteriormente. Para conocer los detalles del mismo, Fuentes Confiables recibió al Director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.
En diálogo con Aldo Silva dejó varias aseveraciones que relatan la historia del caso y las consecuencias:
«El problema arrancó que estás edificaciones las construyó el estado y nunca las entregó. Lo que sucede en ese barrio afecta un entorno vinculado a temas de seguridad. Ha habido una displicencia de la capacidad del Estado y una connivencia de las personas que viven ahí. Creo que evidentemente hay una responsabilidad de todos. A mi me toca afrontar y resolver el problema.
Se terminó eso de que nadie paga la luz ni el agua. Hay que enfrentarse a resolver problemas.
Los oasis de ilegalidad tienen explicación. No había hasta el momento la decisión de poner orden. Algunas estructuras urbanas en Montevideo y en algunos lugares del interior son un factor de desestabilización de la seguridad.
Que nadie se confunda. Esto es igual que lo que sucedió en Los Palomares y va a haber una solución a fondo para terminar con este problema.
El mensaje tiene que ser a la sociedad, es que hay que hacer lo que hay que hacer. Si hay cosas complicadas es porque durante 40 años no se hizo nada, que nadie se rasgue las vestiduras. Hay que poner orden.
Los pasajes son menos accesibles que los que había en Los Palomares. Hay situaciones muy críticas. El clan familiar aquí ejerce una presión en la zona. No tienen el control absoluto pero ya hubo episodios de desalojos y extorsiones.
Encontramos situaciones insólitas como una columna del alumbrado público que está adentro de una casa. Hoy casi la mitad de Los Palomares ya tienen contadores de agua y están pagando. Estamos solucionando situaciones.
Hay más de 500 viviendas que están instaladas en un solo padrón. Estas cosas van reventando en la medida que hoy hay más confianza en denunciar cosas que antes no denunciaban.
Llegamos a través de denuncias. El BHU cuando quiso transferir los complejos habitacionales a la ANV hubo algunos complejos que no los pudo transferir y estos complejos son parte de ellos por la ilegalidad jurídica.
Como funcionario público tengo la responsabilidad de solucionar problemas y no debatir la historia
La situación urbana explica un contexto de ilegalidad que generó el propio Estado y favorece prácticas de grupos de extorsión que obliga a las personas a que se retiren de sus viviendas y la ley del más fuerte es evidente.
El BHU nunca pudo tener un control sobre el pago. A partir de ahí empezó un oasis de ilegalidad en un mercado informal de transferencia de viviendas que duró 40 años. Pasaron 40 años y nadie se hizo cargo de regularizar la propiedad de esas viviendas. Hay un padrón único. Los impuestos le llegan al propietario del padrón. Tenemos documentos de ministros que entregaban viviendas en el año 82.
En la Cruz de Carrasco, hay 2 complejos habitacionales que son irreconocibles. El CH50 y CH56. Esas viviendas son de características similares en su construcción que Los Palomares.
En la tarde de hoy se va a hacer la formalización de algunas personas detenidas en la Cruz de Carrasco. Ayer en otra fiscalía fueron condenadas otras personas».
Gustavo Leal fue consultado por las afirmaciones de Jorge Larrañaga en Fuentes Confiables, quien aseguró que «se actúa tarde y hay muchos chingas en Montevideo·.
Leal constestó que si el «Senador Lrrañaga tiene información de que hay más integrantes de los chingas en otros puntos de Montevideo debe denunciar donde se debe. Esa es su responsabilidad».
