El Diputado Alejandro Sánchez fue el encargado de presentarlas a los militantes que llegaron al Parque Capurro al acto que conmemoraba los 30 años del MPP.
Detalle de las 16 propuestas:
1 – Establecer una Ley General de Sueldos del Estado Uruguayo.
Se establecerá que el sueldo más elevado del Uruguay, será el del presidente , y a partir de allí se configurará la escala general de Sueldos, luego vendrán los salarios de los Intendentes, Ministros, Presidentes y Directores Entes Autónomos y Servicios descentralizados, Subsecretarios, Directores Generales de Secretaría, Directores de Unidades Ejecutoras, etc.
2 – Establecer por Ley Nacional un Sistema Democrático de Ingreso a la Administración Pública Uruguaya , donde los cargos presupuestales serán provistos por Concurso, similar al sistema instaurado para la Administración Central a través del Uruguay Concursa.
3 – Creación por Ley de un Impuesto Especial del 15% a todos los Cargos Políticos y de Particular Confianza. Lo recaudado con este impuesto será destinado a Viviendas.
4 – Establecer por Ley que cada Ministro de Estado, no podrá tener un número superior a 5 Adscriptos y un Secretario. Dicha reducción, por reducion, será utilizada los excedentes a finalidades sociales.
5 – Modificar el sistema de los pases en comisión. Estableciendo en primer lugar la reducción de 15 a 10 para el Presidente; de 10 a 5 para Ministros de Estado e Intendente Departamental, de 5 a 3 para Legisladores Nacionales; en segundo lugar, por la importancia de la función, prohibir los pases en comisión de Maestros y Docentes; Enfermeros y Médicos, Policías del sub-escalafón ejecutivo y Militares.
6 – No devolución del excedente del FONASA a los cargos políticos y de particular confianza, disponiendo por ley que su destino será utilizado para financiar el Fondo Nacional de Recursos.
7 – Establecer por Ley que los cargos políticos y de particular confianza, son cargos full time, explicitando que por tareas que se realicen dentro de Uruguay, no podrán cobrar viáticos ni compensación alguna.
En relación a los viáticos que reciban los funcionarios públicos que se desempeñen en misiones oficiales en el exterior del país, se reducirá al 50% del monto establecido por Naciones Unidas.
8 – Eliminar la partida de Prensa que cobran los Legisladores, disponiendo por trasposición de rubros, que su destino será hacia el PLAN CEIBAL u otra finalidad social. Asimismo, se dispondrá que no se adquieran periódicos en ninguna repartición del Estado, ya que los funcionarios podrán adquirir con sus recursos los medios que deseen leer y los hábitos fueron modificados con el desarrollo de los periódicos digitales.
9 – Eliminar el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza, estableciendo que se les aplicará las mismas reglas que el Seguro de Paro de los Trabajadores de la actividad privada, un subsidio por un plazo máximo de 6 meses.Asimismo, se establecerá que a cada cargo político o de particular confianza, tendrá un subsidio por período de Gobierno.
10 – Establecer por Ley Nacional, que se le devolverá al Jardín Botánico, parte del padrón que oportunamente fue apropiado con destino a la Residencia Presidencial.Proponemos transformar la residencia de Suarez en una Escuela de Jardinería y viverismo, dependiente de la UTU y unido al Jardín Botánico de Montevideo.
11 – Establecer un Nuevo Sistema Para el Régimen de Donaciones Especiales, para las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio. Se optara por establecer un sistema donde la empresa done, conforme a la normativa vigente (obteniendo los mismos beneficios), pero, en vez de seleccionar el ente a quien donar, el mismo irá a una cuenta especial. Quien resolverá sobre los beneficiarios será el Parlamento Nacional en cada Instancia Presupuestal o de Rendición de Cuentas.
12 – Instaurar por Ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas, un porcentaje irá a Rentas Generales; un porcentaje se reinvertirá para que siga produciendo y prestando adecuadamente el Servicio Público; y por último un porcentaje que vuelva a sus propietarios – los usuarios.
13 – Instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento Nacional, los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado y las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe.
14 – Establecer legalmente, que todas las fincas e inmuebles vacíos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, irán con destino a la Cartera de tierras y Viviendas.
Se ordenará que en un plazo de 90 días se realice un inventario general, donde los bienes que no tengan destino específico se desafectarán y pasarán a la órbita del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de utilizar el stock de fincas y bienes inmuebles públicos que no están siendo utilizados. Así como también alentamos a los gobiernos departamentales a tomar las mismas medidas.
Asimismo, se establecerá que los bienes inmuebles rurales en poder de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, pasarán al Instituto Nacional de Colonización, como forma de apoyar las políticas públicas que procuran promover el desarrollo rural, mediante la creación de modelos económico-sociales innovadores, de manera de demostrar que la colonización es una vía que aporta a dignificar las condiciones de vida de las familias rurales.
15 – Establecer como obligación, que los cargos políticos y de particular confianza tengan que presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS de estar al día con sus obligaciones tributarias.
A su vez, se establecerá sin excepciones el levantamiento del secreto bancario para quienes ejerzan cargos políticos y de particular confianza.
16 – Proponer la reducción de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que hoy tienen un directorio compuesto por 5 miembros a 3, y los de 3 a 1, con excepción de los electivos.Por la importancia del sector de actividad excluimos la Administración Nacional de Puertos, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
