En entrevista con Fuentes Confiables, el Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, afirmó que el acuerdo con Argentina sobre los casos de anti lavado, «era un paso que teníamos que dar. Los países tienen que cooperar para investigar y particularmente con Argentina y Brasil que son los orígenes del dinero del lavado».
Expresó que esto «va a permitir una mejor cooperación. Uruguay no compartía. Se está aplicando las mejores prácticas mundiales».
Señaló que el caso Balcedo fue el que «lo puso sobre la mesa, pero todavía no hay bienes para repartir. Falta que termine el juicio».
Espinosa manifestó que «un país no se hace rico o pobre por 10 millones de dólares. Por ejemplo Suiza le va a devolver 300 millones de dólares por Odebrecht porque asume que fue corrupción pública. El caso Balcedo va a ser emblemático si se concreta luego del juicio».
Explicó además que «la justicia define el decomiso. Los fondos van para el Fondo de Decomiso que depende de Presidencia quien va a administrar los bienes»
Espinosa se refirió particularmente del caso Balcedo y el de Mónica Rivero. Del primero señaló que «el caso me dejó defectos. Confirmó lo del 2015 y 2016, Uruguay hizo la evaluación de riesgos de lavado. El sector no financiero no tenía conciencia de la operativa anti lavado».
Explicó que «los bienes se podían comprar en efectivo» y agregó que «tenía cofre fort. Balcedo conocía las flaquezas del país y usó los lugares que le permitían esa flaqueza.»
Espinosa señaló que «el esquema de prevención de lavado parte de la base que no lo puede controlar todo. Por eso le pone condiciones a los abogados, a los escribanos, para que nos avisen de estas operativas».
En cuanto al caso de Mónica Rivero indicó que «como organismo tenemos más de 15 mil sujetos obligados. Aplicamos un enfoque de riesgo, me enfoco en los principales sectores, este caso salió de lo esperado. Se está analizando. »
Comentó que «el sistema prevé que el propio casino lo detecte y lo denuncie» y que «la actuación administrativa se está realizando con todas las garantías. Las multas se evalúan en función de todas las características».
Con respecto al registro de Sujetos Obligados expresó que hay «12500 inscriptos, aparte de las asociaciones civiles que se inscribían en el MEC, ahí hay 6000 más. Hay sectores que faltarían inscribirse, por ejemplo las inmobiliarias. Hablamos del sector formal, el informal es un desafío que tenemos».
Espinosa dijo que las «asociaciones civiles es un gran mundo. Definimos un umbral monetario. Por ejemplo se tiene que mover fondos por más de 400 mil dólares por año. Tenemos algunos sectores: partidos políticos, clubes deportivos e iglesias».
Además señaló que la primera dificultad es «que no tenían una contabilidad adecuada. Por eso queremos que, por ejemplo la iglesia, tenga un responsable de cumplimiento. Ver que operaciones pueda haber un uso para fines ilícitos»
En el caso del registro de las iglesias comentó que «las cosas se complican cuando hay donaciones del exterior. Tienen medios de financiación por pocas vías y se pueden controlar».
Espinosa también habló sobre la construcción en Punta del Este: «Enrique Antía está equivocado. Hay un artículo que obliga al sector público a denunciar lavado de activos. Tienen que tener política de cruzamiento. De Argentina venía dinero supuestamente por evasión fiscal».
Explicó que «en Uruguay era tolerado un dinero informal de Argentina si no se lograba demostrar ese ingreso de fondos. No había obligación de reportarlo, eso habilitó un ingreso de fondos de hace mucho tiempo. Eso cambió».
Comentó que en el país, «desde la época de la dictadura, se fomentó el ingreso libre de capitales. Uruguay ofrece ventajas, la idea no es cambiar ese esquema, lo que hay que hacer es verificar y controlar el ingreso de dinero negro».