Por Antonio Ladra.
¿Se acuerdan de la trenza familiar en la intendencia de Artigas? Con más o menos los mismos actores la Jutep acaba de emitir un fallo donde da cuenta que dos funcionarios de confianza, el contador Omar Alberto Bicera Hiriart, encargado de proyectos y Emiliano Soravilla Pinato, secretario privado del intendente, además del propio jefe comunal, Pablo Caram, violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia en licitaciones de la comuna.
La denuncia se radicó debido a que uno de los dos socios de una empresa adjudicataria es hermano del contador Bicera y como tal integraba reiteradamente la comisión encargada de la adjudicación de licitaciones.
La Jutep detectó que además tanto Bicera como Soravilla, tenían vinculación y participación en tres empresas que fueron contratadas por la comuna: esas empresas son Jiménez Felice Rodrigo, Pedrera del Norte SRL y Prenorte SRL.
Estas empresas facturaron más de 146 millones de pesos, casi 4 millones de dólares con el tipo de cambio a $37,27. Según el fallo, la JUTEP habría requerido al intendente que diera respuesta a una serie de interrogantes tendientes a esclarecer la situación y la primera información fue sobre una única empresa Pedrera del Norte SRL.
Posteriormente se verificó que además de esa empresa también se registraban adjudicaciones de la intendencia de Artigas a otras dos empresas vinculadas a uno de sus socios, por lo que la JUTEP realizó un nuevo pedido de explicación al jefe comunal.
Y a partir de ese momento se cortó la comunicación entre la intendencia de Artigas y la Jutep, por lo que esta debió desarrollar su trabajo en base a fuentes alternativas, ya que la falta de cooperación del intendente obligó a transitar por esos carriles.
Asi se verificó que Bicera y Soravilla, violaron los principios de Probidad y de Transparencia y al no cumplir con la obligación de efectuar la Declaración Jurada de Implicancias. También se concluye que el Jefe Comunal no informó de la vinculación de estos funcionarios con las dos empresas contratadas en reiteradas ocasiones y, muchas veces, por fuera de lo previsto en las normas. Todo surge tras las denuncias del edil colorado Francisco Bandera. La JUTEP asegura en su fallo que el jefe comunal no brindó la información solicitada en ninguno de los dos casos.
En una conferencia de prensa, Caram dijo que los acontecimientos revelados por la Jutep «son absolutamente falsos y mentirosos».
Estos son los hechos sobre este punto específico: las licitaciones.
Pero este nuevo escándalo en la intendencia de Artigas se suma a aquel que expusimos en el noticiero Telemundo de canal 12, en el año 2018, donde Caram, tenía siete familiares entre sus cargos de confianza.
Esto no dice en su fallo la Jutep, porque no está a su alcance, ni es su cometido, pero el contador Omar Bicera, el encargado de proyectos de la comuna, era pareja de Valentina Dos Santos Caram, la directora general de la intendencia, sobrina del intendente Pablo Caram.
Valentina Dos Santos resultó electa diputada en las últimas elecciones y asumirá el cargo próximamente. A su vez, Emiliano Soravilla resultó electo como el primer suplente en la cámara de diputados de Valentina Dos Santos.
Como me dijo un dirigente artiguense: “nada fue casualidad”.
Que haya familiares de intendentes en cargos de confianza no es privativo de Artigas, los hay o los hubo en los departamentos de Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Salto y Soriano.
Este tipo de organización de las estructuras gobernantes se lo conoce en la ciencia política como patronazgo o administración clientelar, donde las élites de la mayoría tienden a recurrir a redes de familiares y amigos.
Así, los puestos públicos son ocupados sin ningún tipo de filtro competitivo en base a méritos o competencias, gracias a redes informales, o directamente a la compra de los puestos a cambio de votos.
Esto funciona así: generalmente un dirigente se acerca al líder y le expresa que bajo su ala hay determinada cantidad de votos y que ellos pasarán a engrosar las urnas en su apoyo si hay algo a cambio. Así, más o menos se tejen los acuerdos políticos en un “toma y daca”. Todo sea por la patria, la República y el partido.
Según datos de la Contaduría General de la Nación, entre 2011 y 2016 en la Intendencia de Cerro Largo hubo un total de 1.127 ingresos por designaciones directas y tan sólo 50 por sorteo o concurso; 2015 fue el año en el que ingresaron más funcionarios (364 por designación directa, 354 de los cuales fueron contratos permanentes).
A su vez, ese año hubo 351 bajas, 283 de ellas “por cambios de gobierno”; el otrora diputado Pedro Saravia sustituyó a Botana durante la campaña electoral.
En la Intendencia de Durazno, según estos datos entraron 1.375 personas por designación directa y 58 por sorteo o concurso.
En la Intendencia de Montevideo hubo 285 ingresos por designación directa y 2.901 por sorteo o concurso, y 2012 fue el año en el que entraron más por este último mecanismo: 982. De estos, 472 ingresaron por sorteo, 74 por concurso de oposición y méritos, y 436 por sorteo y concurso.
En la Intendencia de Rocha entre 2011 y 2016 entraron 88 funcionarios por designación directa y 160 por concurso o sorteo. En la Intendencia de Rivera hubo 274 ingresos por designación directa y 96 por sorteo.
Erradicar el clientelismo una vez que está institucionalizado es un proceso muy costoso y extraordinariamente lento. Porque el modelo clientelar resiste y generalmente encuentra grietas en el sistema para emerger.
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