La votación finalizó la madrugada de este domingo. Ahora vuelve a pasar, por 15 días, al Senado.

El, todavía proyecto de ley, tiene entre sus artículos la eliminación de las ocupaciones de empresas, lo cual era objeto de insistente reclamo de las Cámaras Empresariales, llegando incluso a traducirse en observaciones de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi expresó que al contrario de lo afirmado por el Frente Amplio, la solución legal aprobada no restringe el derecho de huelga sino lo que hace es proteger y garantizar el derecho de los empresarios a continuar en la gestión de la empresa y a los trabajadores que no adhieran a la huelga a concurrir a trabajar, ante cualquier acción sindical.

Esto es por ninguna vía se podrá impedir el acceso ni a la dirección de la empresa ni a ningún trabajador por razones sindicales. Goñi señaló que esta ley viene a aclarar los límites legítimos de toda acción sindical y a partir de ahora queda bien determinado que si esta contiene violencia será ilegítima y por lo tanto pasible de sanciones.

Respecto a las sanciones que puede recibir en caso de ocupaciones  el legislador respondió que pueden ser tanto laborales como despido por mala conducta, así también civiles si causaran daño, incluso penales si configuraran delito.

Goñi destacó que con esta norma se levanta la principal restricción para invertir que presenta el Uruguay de hoy, que des acuerdo a los propios empresarios es la falta de certeza en las relaciones laborales. “Es evidente que nadie invierte si existe  riesgo de ser ocupada con violencia los lugares de trabajo”.

En este sentido Goñi auguró que esta norma equivale a varias UPM en relación a su potencial para facilitar inversiones y crear puestos de trabajo.

Foto Martin Martinez / FocoUy