El ministro dijo que se va a defender a «buenos» funcionarios policiales.
Esta mañana el ministro del Interior, Jorge Larrañaga se refirió a la banda -integrada por dos policías- que traficaba armas para luego venderlas en la zona del Cerro.
«Nosotros instruimos a la Dirección Nacional de la Policía para que fuera implacable en función del conocimiento que teníamos de esas situaciones de corrupción policial, que bajo ningún punto de vista vamos a tolerar», declaró Larraga.
El ministro agregó que «fue la propia policía, mediante los mecanismos legales y autorizaciones de escuchas» que se logró descubrir con las formalizaciones.
A raíz de información recibida acerca de tráfico de armas, en marzo se puso en marcha una investigación en conjunto con la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1º turno. Fue así como se pudo confirmar que en la zona del Cerro varias personas estarían adquiriendo armas para luego venderlas en forma ilegal.
En junio se llegó a la información de que dos policías de la Zona Operacional IV podrían estar involucrados en estos hechos, quienes se harían con las armas de fuego y se las darían a determinadas personas para ser vendidas.
Continuando con las actuaciones, el día de ayer se realizaron ocho allanamientos en dicho barrio en los que se incautaron revólveres, pistolas, cargadores, cartuchos, municiones y celulares y se detuvo a siete personas, dentro de las que se encontraban los funcionarios policiales.
Puestos a disposición de la justicia se condenó a S.N.P. “como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones a la pena de cuatro meses de prisión, la que será sustituida por libertad vigilada”.
En cuanto a Carlos Jesús Perdigón Acosta, poseedor de antecedentes penales, se lo condenó “como autor penalmente responsable de un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes en reiteración real, con un delito de tráfico de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, a la pena de veintidós meses de prisión efectiva”.
Respecto a E.G.P.G. se la condenó “como autora penalmente responsable de un delito continuado de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, a la pena de dieciséis meses de prisión” (siete efectivos y nueve de libertad vigilada).
Foto: Dante Fernández / Foco UY.
