Solicitan colaboración de los legisladores, el ministro de Industria, la sociedad civil e instituciones relacionadas para revertir la situación.

La Asamblea Permanente de la agrupación “Por la Rambla Sur”, difundió un comunicado donde hacen “pública su inquietud” sobre los artículos 64 y 65 de la ley de presupuesto quinquenal que ya ha ingresado a la Cámara de Senadores. En dichos artículos, expone la agrupación, “se habilita al Poder Ejecutivo a vender los bienes inmuebles estatales que considere ‘prescindibles’ sin mediación del Poder Legislativo.

La preocupación de la agrupación reside en, aunque no únicamente, que “en caso de sancionarse este proyecto de ley, se afectará de modo directo al Espacio Mauá”. La agrupación surgió de un grupo de vecinos que para intentaron detener la primera voluntad de vender el espacio. “La iniciativa de venta de dicho espacio propuesta por el Ejecutivo anterior, fue desestimada en atención a las demandas de la sociedad civil organizada”, recuerda el comunicado.

«La discusión parlamentaria, en tanto ejercicio deliberativo de nuestros/as representantes, permite que una pluralidad de sensibilidades se vean finalmente reflejadas en las decisiones, habilitando, a la vez, la discusión pública y participativa sobre el destino de los bienes comunes”, reza un fragmento.

Luego de los argumentos cívicos y ambientales expresados en el comunicado, la agrupación manifiesta:

“— Exhortamos a los/as legisladores/as a revisar el artículo 64 y a retirar el artículo 65, de la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024.

— Exhortamos al Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini, a desarrollar los máximos esfuerzos por retomar el espíritu del proceso de consultas y propuestas iniciado por esa cartera en 2018, atendiendo a las premisas formuladas a partir de la consulta popular.

— Convocamos a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada a sumarse a la demanda colectiva para la modificación del proyecto de Ley de Presupuesto, de acuerdo a lo planteado anteriormente.

— Convocamos a todas las instituciones cuyos ámbitos de actuación conciernen a este asunto a pronunciarse en favor de esta demanda: Instituciones de Derechos Humanos, Intendencia de Montevideo, UDELAR, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, entre otras”.

Foto: Gaston Britos / FocoUy