El exsecretario de Presidencia dijo que “debieron ser felicitados por el gobierno y no destruidos en su buen nombre, expuestos a una sospecha canallesca”.
El exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, respondió a través de una carta enviada al Informativo Sarandí, a los resultados de la investigación administrativa realizada por el gobierno actual y apuntó que se “desconocen los logros” obtenidos por su equipo en los juicios internacionales en los que representó al Estado: Phillip Morris, Italba, Aratirí, Conecta y Montevideo Gas.
La investigación administrativa concluyó que Toma cometió graves irregularidades en las misiones oficiales que encabezó y cuestionó la forma en que eligió a sus asesoras, principalmente a la contadora Giuliana Pérez. En la carta, Toma expresa que debieron ser felicitados por el gobierno y no destruidos en su buen nombre expuestos a una “sospecha canallesca”.
El exsecretario de Presidencia señaló que el Ejecutivo lo “persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza”. Justificó que pidió la carta al Dr. Reichler porque a su criterio “se trastocó la antigua garantía liberal de que el imputado goza de una presunción de inocencia”.
Apunta contra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou porque asegura que antes de decretar el sumario, Lacalle Pou “habló en varios medios afirmando textualmente que si fuera por él, yo ya no era funcionario, pero que había que hacer un sumario”. “Se ocasionó un daño enorme a mi familia, a mis colaboradores y sus entornos familiares. Se dejó circular una terrible versión sugerida según la cual todo era un turismo de ocio decadente”, afirmó.
“¿Alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente de la República sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa? ¿Cuándo pasó que el presidente haya dicho que modificó el procedimiento administrativo para evitar que un funcionario determinado informe sobre él?», cuestionó.
Asimismo, señaló que la investigación debió ser secreta según las normas. Por eso pidió que se investigue si hubo filtración atribuible a la administración lo que sería una falta grave y delito penal.
La contadora Pérez, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter que “las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Cómo son el Dr. y el estudio de EEUU. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación”.
Las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Cómo son el Dr. y el estudio de EEUU. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación. https://t.co/79XzqM96OL
— Giuliana Perez (@giuuupm) February 15, 2021
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
