La normativa exige a los funcionarios a cargo del proceso de vacunación probidad, responsabilidad y justicia.
El senador Juan Sartori, presentó este martes en el plenario del Senado un proyecto de ley, tras la iniciativa de ediles de Rivera de su sector, con el objetivo de dar transparencia y equidad al proceso de distribución y administración de las vacunas contra el Coronavirus que están próximas a llegar al país. El proyecto consagra la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados al proceso de distribución y administración de las vacunas.
Aquellos que incurran en una falta podrán ser sancionados, dependiendo del delito, de acuerdo a lo que establecen las normativas vigentes. A su vez, la normativa exige a los funcionarios a cargo del proceso de vacunación probidad, responsabilidad y justicia, luego de lo ocurrido en países vecinos como Argentina y Perú donde no se respetaron las disposiciones sanitarias para la distribución y administración de la vacuna contra el COVID 19.
“No escapa del conocimiento público la existencia de hechos irregulares en países donde ya ha comenzado el proceso de vacunación. Eso representa un llamado de atención para que tratemos de evitar que situaciones similares puedan darse en nuestro país, estableciendo normas precisas sobre la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, que por diversos motivos, tengan acceso e injerencia en el proceso”, expresó el senador en el documento que presentó en el senado.
La finalidad del proyecto de ley es operar como una “advertencia de sanción a aquellos que incumplan o violenten las obligaciones legales y reglamentarias” establecidas en la normativa vigente. Para el senador, el proceso de vacunación tiene “igual importancia que el esfuerzo para la obtención de la propia vacuna, y cumplirlo, reportará directa eficacia en el objetivo epidemiológico trazado”.
El proyecto establece que todos los funcionarios públicos que participen en la administración y aplicación de la vacuna, deberán firmar una Declaración Jurada en la que se comprometen a cumplir estrictamente las disposiciones y cronogramas que el Poder Ejecutivo determine. Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios que determine, establecerá la reglamentación, con el cronograma y las prioridades para la administración de la vacuna contra el Covid 19, a la cual deberán someterse rigurosamente todos los funcionarios que intervengan en las distintas fases de la vacunación.
“Sin perjuicio de las sanciones penales que cada situación particular pueda ameritar, según las expresas previsiones del artículo 8 y 9 de la Ley 17.060, se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública el incumplimiento de las disposiciones referidas”, se establece en el artículo 3 del presente anteproyecto. Por último, el artículo 4°, expresa que la Junta de Ética y Transparencia Publica, (JUTEP), tendrá las más amplias facultades de contralor e investigación de las conductas funcionales relacionadas al tema.
