Además, amenazaron con ocupaciones ante «cualquier cierre de una unidad productiva o privatización».
La Coordinadora de Sindicatos de Ancap decidió realizar un paro de 24 horas el próximo 24 de marzo «en rechazo a la política de desmantelamiento de ANCAP». Desde la agrupación se manifiesta la disconformidad con distintas políticas que lleva adelante el gobierno nacional, entre ellas el manejo socio económico de la pandemia y también lo que entienden es «aumento de impuestos y tarifas, rebaja de salarios y jubilaciones» y un incentivo de «privilegio al capital concentrado financiero agropecuario».
A la luz de ello, también resolvieron realizar paros parciales por zonas de plantas de dos horas «a instrumentar entre sindicatos». Por ejemplo, «dos horas en La Teja y Alur Capurro con movilización y breve concentración en planta Capurro» y realizar una «movida pública» en Bella Unión el 17 de marzo. Anunciaron que ante «cualquier cierre de una unidad productiva o privatización» ocuparán el lugar.
En un comunicado emitido por la Coordinadora de Sindicatos afirman que potenciarán su esfuerzo para recolectar firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración que, entienden, «son los aspectos más regresivos». Incluso tendrán mesas para que los adeptos firmen por el referéndum el día de la paralización de actividades, el 24 de marzo.
Además de las críticas en líneas generales a la política oficialista, la agrupación criticó decisiones concretas relacionadas a ANCAP. Entre ellas, «el cierre de unidades productivas como ALUR Capurro, mediante la eliminación de la mezcla de biodiesel en el gas oil», «la modificación de la actual ley de agrocombustibles y la rebaja de la mezcla de etanol, perjudicando directamente a la zona de Bella Unión» y «la privatización de la industria cementera de Paysandú en beneficio de capitales privados».
A ello suman, «la reprivatización de las empresas de distribución de gas natural MontevideoGas y Conecta», «la eliminación del subsidio del supergas afectando a cientos de miles de hogares» y «la apertura del sector de los combustibles dejando al mercado la asignación final de los precios tras un engañoso PPI, desconocimiento de los costos reales de la producción con materia prima nacional en el caso del azúcar».
Por último, «el recorte de ingresos de personal y trabajos en la Refinería», «el anuncio de trasladar al Centro de Servicios Compartidos (Matriz) a cientos de compañeros con la consiguiente pérdida de condiciones y puestos de trabajo» y «la sumisión y debilitamiento de ANCAP en beneficio de la URSEA para lograr dichos fines como se establece en la LUC».
Foto: Gastón Britos / FocoUy
