Ikea buscaba acceder a grabaciones de su staff y sus clientes a través de una base de datos de la policía que reunía miles de nombres e información personal de criminales, víctimas e incluso testigos.
La subsidiaria francesa de Ikea irá a juicio este lunes por las acusaciones de espionaje en empleados y clientes a través de la contratación de detectives privados y policías. Del juicio participará Ikea Francia como entidad corporativa y varios de exfuncionarios ejecutivos. La Fiscalía sostiene que se desarrolló un «sistema de espionaje».
Las 15 personas en el estrado incluye a varios encumbrados exejecutivos como el exCEO Stefan Vanoverbeke y exgerentes de las tiendas. También serán juzgados cuatro policías por haber entregado información confidencial.
Ikea ya cesó a cuatro ejecutivos por este escándalo y puso en funcionamiento un nuevo código de conducta. De todas formas, la compañía todavía debe enfrentar una multa por 3.75 millones de euros (4.5 millones de dólares), según consignó la BBC.
Las acusaciones salieron a la luz en 2012 luego que un sujeto anónimo haya filtrado correos electrónicos internos entre Ikea y una compañía de seguridad a el periódico Le Canard Enchainé. Los correos sugerían que Ikea estaba buscando acceder a grabaciones de su staff y sus consumidores a través de una base de datos de la policía que reunía miles de nombres e información personal de criminales, víctimas e incluso testigos.
Dos agremiaciones presentaron quejas contra Ikea, acusando a la compañía de espiar a cientos de empleados y clientes. La Justicia está investigando el período entre 2009 y 2012, pero la Fiscalía sostiene que estas prácticas comenzaron casi una década antes en el país.
Jean-Francois Paris, el exdirector de gestión de riesgo de Ikea Francia, está acusado de enviar la lista de nombres a investigar a los detectives privados. La cuenta por estos servicios podría haber alcanzado los 600 mil euros, según documentos judiciales que consigna la agencia AFP. Paris dijo que era su departamento el responsable de lidiar con los pagos para este tipo de investigaciones.
Los cargos contra los defendidos incluyen la recolección ilegal de información personal, recepción ilegal de información personal y la violación de confidencialidad profesional. Los cargos podrían significar hasta 10 años de prisión.
Imagen: Web24 News
