Fue realizada por la muerte del presidiario Marcelo Ayala, que sufría retraso mental y trastornos psiquiátricos.
Una investigación realizada por el Comisionado Parlamentario por la muerte del presidiario Marcelo Ayala, el pasado 17 de mayo, reveló que “la administración de justicia y la administración penitenciaria, tiene fallas estructurales y sistémicas», que no permiten la correcta derivación de casos con distintas necesidades, informó este jueves el Parlamento en un comunicado.
Ayala sufría un retraso mental y trastornos psiquiátricos. Se encontraba recluido por desacato y agravio a la autoridad en el ala psiquiátrica del Módulo 12 del COMCAR, a cargo de ASSE, el día de su muerte. El caso aún se encuentra en investigación, sin conclusiones contundentes.
El informe del Comisionado, presentado el jueves 3 de mayo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento, concluyó en que: “El tipo de afectación de salud mental de Marcelo Ayala en ningún caso podía ser debidamente atendida dentro de un sistema carcelario» y que «debió haber estar internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación».
Por ello, se cree que las fallas estructurales y sistémicas «provocan muertes y el deterioro silencioso de muchas personas con afectación también de sus familias y terceros». Para el Comisionado «la muerte de este joven es una alarma sonando, ya que hemos visto y vemos en nuestro trabajo situaciones similares».
Se recomendó a ASSE, con estas conclusiones, «la dotación de los programas de atención de salud mental dentro de las cárceles y que se refuercen los mecanismos de conexión con las comunidades». También se le pidió al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) «consolidar el sistema de seguimiento y rehabilitación de las medidas sustitutivas de la prisión».
Además, se dirigió al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior para recomendar «la instalación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, con representantes de todos los poderes del Estado», que permitiría, según el Comisionado, «la conformación de una política pública para la privación de libertad acorde a los desafíos del siglo XXI, lo que requiere el accionar estratégico y planificado de todos los actores involucrados».
