Se trata de asentamientos en Montevideo con convenios firmados y sus realojos detenidos o sin comenzar; desde Vivienda alegan falta de fondos para proseguir con lo prometido para más de 900 familias.
Caminos sinuosos de barro, casas intrincadas que se acumulan unas entre otras donde viven unas 120 personas, 46 familias, según informó la Intendencia de Montevideo (IM). Se trata del asentamiento El Progreso, ubicado entre las calles Hipólito Yrigoyen y Godoy, en el barrio Malvín Norte. Pegado al asentamiento, corre la Cañada Malvín. Esa cañada que crece con cada lluvia y se vuelve la pesadilla de muchas familias.
A la entrada del asentamiento, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, vive desde hace ocho años Carlos Rodríguez. Es chapista, y al mudarse desde Lagomar a Montevideo, terminó comprando una nueva casa en el asentamiento. Un asentamiento que espera un realojo desde hace 10 años. Una década de promesas incumplidas.
Inundaciones, problemas de saneamiento, electrificación precaria y contaminación por plomo son algunas de las principales dificultades del asentamiento. Desde que vive allí, Rodríguez se ha vuelto un referente para las familias de El Progreso, y logró mayor organización entre los vecinos de la zona para poder hacer sus planteos y reclamos.
Las promesas de realojo datan desde la relocalización de Candelaria, otro asentamiento de la zona. Los vecinos afirman que su realojo tendría que haber ido a la par con el de este otro asentamiento.
Tras siete años de la primera promesa, durante el período de Daniel Martínez al frente de la IM, El Progreso tuvo una nueva promesa de realojo, con proyectos y fechas concretas. “Ahí dijimos ‘esto va en serio’”, contó Rodríguez.
En enero de 2020 fue firmado el convenio: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se encargaría de la construcción de 46 viviendas, y otras 10 estarían a cargo de la IM.
Hoy, el convenio para el realojo está. El proyecto se encuentra en proceso licitatorio. Sin embargo, a solicitud del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el proceso de relocalización está atrasado.
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El Progreso es uno de los cinco asentamientos con convenios firmados para su realojo, pero con obras suspendidas o sin iniciar por falta de fondos del MVOT. Esta información surge de un pedido de acceso a la información realizado por parte de ediles frenteamplistas a la IM, entre ellos el edil Nicolás Lasa, que integra la comisión de asentamientos quien dialogó con 970 Noticias.
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Alfonso Lamas y Barros Arana, Servando Gómez, Chacarita y Siete manzanas son los otros cuatro asentamientos, según un pedido de acceso a la información pública realizado a la IM. En total, residen 928 personas en estos barrios. Son 306 familias que esperan por un realojo prometido.
En muchos de estos casos, “la Intendencia tiene la tierra, y estamos esperando que se destrabe el tema Ministerio de Vivienda”, explicó Sebastián Moreno, director de Tierras de la IM, y aseguró que desde la cartera “nos ha planteado de frenar para poder reprogramar, porque a nivel financiero no están dadas las condiciones”. En Montevideo, en el marco de este tipo de convenios, el acuerdo establece que la comuna hace un aporte del 30% y el gobierno nacional del 70%.
Al ser convenios firmados entre el MVOT y la IM, ésta última puso dinero para el avance de obras en algunos asentamientos: la deuda desde la cartera hacia la comuna asciende al valor de $133.791.425.
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El MVOT tiene asignado un presupuesto de 270 millones de dólares para toda la cartera, y para asentamientos reciben préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, con tres programas de 100 millones de dólares cada uno que se están ejecutando. Hay más de 300 asentamientos en Montevideo, de un total de 650 en todo el país.
Tabaré Hackenbruch, subsecretario del MVOT, reconoció que sí hay “algún retraso en obras en estos asentamientos”, y lo atribuyó a los recursos de la cartera pero haciendo referencia a la anterior gestión. Sostuvo que en todos los casos son convenios que se firmaron en el pasado gobierno, que en su totalidad ascienden a un gasto de 400 millones de pesos, y aseguró que se cumplirá con ellos. No quiso dar plazos para retomar el ritmo de avance de estas obras.
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Por su parte, Álvaro Martínez coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), el cual participa en la realización o consolidación de estructura urbana, negó que haya obras detenidas. “Las obras no se detuvieron, se cambió su ritmo de evolución”, sostuvo, y también atribuyó demoras a la pandemia.
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Martínez tampoco supo cuantificar la cantidad de obras que se encuentran atrasadas, alegó que “es complejo” hacerlo. En particular sobre las obras en el asentamiento El Progreso, Martínez afirmó que no se trata de un proyecto del PMB.
A pesar de las numerosas reuniones, aún no hay plazos para retomar las obras de realojo en estos asentamientos. A estas obras sin comenzar se suma también un atraso en partidas ya vencidas para las que no hay aún planificación de pago.
“En la licitaciones donde las obras se encuentran en ejecución, los incumplimientos podrían acarrear responsabilidad civil frente a la empresa adjudicataria (intereses moratorios, reclamos de indemnizaciones contractuales, reclamación judicial por daños y perjuicios)”, especifica la IM en respuesta al pedido de acceso realizado por ediles frenteamplistas.
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Con respecto a las partidas, al igual que con la deuda que el MVOT tiene no solo con la IM sino con otras intendencias del interior del país, Hackenbruch indicó que esperan que en el correr del año puedan estar al día.
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María Castillo vive en una de las primeras casas de material a la entrada de El Progreso, ingresando por la calle Hipólito Yrigoyen. Ha vivido en el asentamiento desde que este nació, hace 40 años.
Afirma que vio pasar a políticos de todos los partidos por el barrio, recorrer sus calles, generar esperanza y recomendar que, para lograr algo, tenían que salir a las calles a manifestarse. Ya con dificultades de salud, recuerda que han sido tantas las promesas de un realojo y una vivienda digna, que ya no espera nada.
Unas pocas casas más adentro, vive su hija Johana Scabino, junto a su pareja, Jorge Direnna y sus hijos. El asentamiento vio nacer a Johana. Hoy, su casa es una de las cinco viviendas que en 2017 fueron catalogadas como de situación crítica en El Progreso, y se les prometió un realojo urgente. Y es que su proximidad a la Cañada Malvín ha causado que parte de la casa no tenga tierra debajo. El riesgo de derrumbe es inminente.
Al igual que su madre, Johana también está desesperanzada. “Nosotros porque somos tranquilos y no salimos a hacer relajo”, dijo Jorge.
Hackenbruch asegura que estas promesas se van a cumplir. Pero se trata de una suma de promesas se diluyen con el tiempo, siembran incertidumbre, hasta el punto en que ya no generan nada.
Los vecinos de El Progreso ya no esperan nada.
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