«No hay informes económicos de la demanda» y de «cuánto vale lo que se está dando de concesión», dijo el senador Bergara.
El Frente Amplio citará al Parlamento al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, por el acuerdo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Gobierno, que amplía la concesión del muelle especializado de contenedores a la empresa, conformada por la belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos (ANP), por 60 años, hasta 2081. El senador opositor Mario Bergara dijo este miércoles en rueda de prensa que el acuerdo «violenta la ley de puertos, la creación de TCP, la ley de competencia, y la constitución».
Desde el anuncio oficial del acuerdo, el 2 de marzo por el presidente, Luis Lacalle Pou, Bergara explicó que han citado al Parlamento a los distintos actores implicados en el acuerdo, tanto Heber como las autoridades de ANP y las distintas empresas del puerto (Katoen, Montecon, entre otras navieras), en busca de explicaciones. Sin embargo, «quedan más dudas que al principio», por lo que se realizará esta citación, que el lunes en bancada de senadores frenteamplistas se definirá si será en la modalidad de interpelación.
El senador frenteamplista, que catalogó al acuerdo como «escandaloso», criticó que «siguen sin aparecer los informes jurídicos que fundamenten de hecho el monopolio», así como los informes económicos que fundamenten la demanda que iba a realizar Katoen Natie al Gobierno por incumplimiento de la concesión firmada en 2001, ni la «cuánto vale lo que se está dando de concesión». Incluso Bergara confirmó que se le preguntó a Heber, que les respondió que «no habían hecho estudios económicos».
Además, agregó que el nuevo contrato «ata de manos al Estado» en cuanto a las regularizaciones, que en varios aspectos pasarán a manos de TCP. También, alertó que el acuerdo puede llegar a licuar las acciones de ANP en la empresa portuaria, porque «Katoen Natie puede decidir por si sola un proceso de capitalización», lo que obliga a ANP a invertir, de no ser así puede perder parte de su capital inversor. «Es una empresa que obliga al Estado a capitalizar una empresa», lamentó Bergara.
Consultado sobre un proyecto de ley del Partido Colorado que propone instalar una comisión reguladora que reglamente el cumplimiento de este nuevo acuerdo, el parlamentario ironizó que «el hecho que un partido de la coalición diga que hay que hacer una ley», para que ocurra el acuerdo, es una «confesión» de un acuerdo ilegal e irregular.
