Tras la salida del Frente Amplio del gobierno, múltiples irregularidades salieron a la luz, entre ellas algunas vinculadas a contrataciones directas de Desarrollo Social. ¿Qué sucede hoy?
La realización de auditorías y revisión de organismos estatales fueron de las primeras promesas del nuevo gobierno al asumir. Uno de los primeros organismos en ser revisados fue el Ministerio de Desarrollo Social, y así salieron a la luz irregularidades de los más diversas: contenedores con productos vencidos, compras millonarias consideradas “innecesarias” que fueron investigadas por Fiscalía, hasta una “base” de la empresa OTIS de ascensores instalada en el edificio del organismo. Dentro de estos hallazgos, también estuvieron involucradas las contrataciones directas de asociaciones civiles u ONGs.
Se trata de la tercerización de servicios, como la atención a mujeres que sufren violencia doméstica y la gestión de refugios. Las contrataciones directas entre ONGs y el Mides han sido motivo de polémica entre la pasada administración. Y es que salieron a la luz algunas cifras millonarias de gastos en contrataciones directas con ciertas organizaciones, que predominaban en diversos convenios.
Por ejemplo, en temas vinculados a la violencia hacia la mujer, la organización Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) tenía contratos en nueve de los 19 departamentos, según indicó quien era director general de secretaría del Mides y actual asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli, a Santo y Seña.
Con respecto a Plemuu, se detectaron varias irregularidades, como pagos de alquileres atrasados y falta de capacitación de sus funcionarios. Fue Santo y Seña también que informó que entre 2015 y 2020, Plemuu recibió por parte del Mides US$ 22.968.279.
“Es más económico hacerlo con personal del Estado que con contratos por fuera”, dijo Martinelli, y que podría prescindirse de ciertas compras directas. ¿Qué pasa hoy con las contrataciones directas en el Mides?
La reglamentación que regula este tipo de contrataciones es el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), y es el artículo 33 el que refiere a este tipo de contrataciones. La Ley de Urgente Consideración (LUC) generó algunas modificaciones a esta reglamentación, confirmó Martinelli a 970 Noticias, que habilitan más posibilidades para las compras directas. Se aumentaron los montos tope para las contrataciones por licitación; se hicieron algunos cambios a las excepciones para realizar contrataciones de manera directa, por ejemplo que se realicen por cualquier monto, cuando un concurso de precios resulta desierto (antes era solamente licitación pública, abreviada y remate), cuando exista notoria escasez del bien o servicio en cuestión, entre otros aspectos.
“La modalidad política continuó, este modelo de contrataciones directas continuó con el nuevo gobierno, y la modalidad fue ampliar algunas licitaciones que ya estaban en curso”, sostuvo Rodrigo Ríos, integrante de la agrupación Unión Blanca Republicana, la cual ha sido crítica de este tipo de contrataciones en la actual administración.
Los contratos a los que pudo acceder 970 Noticias vinculados solamente a violencia hacia la mujer van desde el 2 de setiembre de 2020 al 8 de julio de 2021: se trata de nueve contratos en menos de un año. Entre estos contratos, es Plemuu la organización predominante en una gran cantidad de departamentos, ya sea para el apoyo al sistema de respuesta a la violencia hacia la mujer, para la atención tanto a mujeres en situación de violencia como a hombres agresores, entre otros asuntos. Solamente a Plemmu, el Mides abonó entre diciembre de 2020 y julio de 2021 un total de unos US$ 3.419.252.
En 2019, cuando aún estaba el Frente Amplio en el gobierno, debido a presuntas irregularidades y observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en el Mides, se confirmó una comisión investigadora, por solicitud del actual presidente de la República, en aquel entonces senador, Luis Lacalle Pou. Quien estuvo al frente de esa comisión fue el actual ministro de Desarrollo Social, en aquel entonces diputado, Martín Lema.
“Dicen contratamos de forma directa por necesidades y urgencias’. Primero, si las políticas sociales dan resultado, las necesidades y urgencias deberían disminuir”, dijo Lema cuando era diputado en 2019 durante su exposición para solicitar dicha comisión investigadora.
Martín Lema – 2019
Lema asumió como ministro de Desarrollo Social en mayo de 2021. El 28 de junio emitió una circular sobre procedimientos de contratación, exhortando a todos los directores de la cartera a que ajusten la política de gastos y se atengan a “los principios generales de la contratación administrativa”.
“El objetivo es mejorar la gestión, y las compras estatales son muy importantes. Se exhorta a todos los directores que se adopten determinadas medidas, que todo redunde en una mayor eficiencia y eficacia”, explicó Karina Goday, directora de Jurídica y Notarial del Mides. Esta circular determina que cada unidad ejecutora debe generar una planificación anual, con una antelación mínima de seis meses, “las necesidades para el cumplimiento de objetivos y metas, reduciéndose al máximo los imprevistos”.
“La realidad es que la planificación es totalmente deseable, pero está la realidad del ministerio, y la necesidad de continuidad de los servicios llevan a que necesariamente se tengan que activar compras por excepción”, explicó Goday.
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Dentro de las distintas modalidades de compra estatal, según los datos del Observatorio de Compras Públicas correspondientes al 2020, con Bartol al frente, las compras directas realizadas por el Mides fueron 227, lo que constituye un 57%, mientras que las compras por excepción fueron 117, un 29%. Por otra parte, las compras por licitación abreviada constituyen un 9%, y por licitación pública un 2%, de un total de 398 de adjudicaciones totales.
En declaraciones a 970 Noticias, Lema indicó que siendo oposición, cuestionaba que en 14 años de gobierno, el Frente Amplio no lograra adelantarse y continuara recurriendo a las compras directas. “Yo controlaba la administración, y está bien que ahora se controle”, dijo.
“Sabemos que muchas veces producto del contexto tenemos que reiterar gastos, pero eso no quiere decir que sea lo que proyectamos hacer en el tema de fondo, queremos más procesos competitivos. Sabemos que es parte de un proceso que viene de una acumulación estructural muy importante, no se hace de un día para el otro”, explicó.
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“Esta modalidad (de contrataciones directas) fue muy criticada por el ministro Lema cuando era legislador. Sin embargo, se reitera el gasto de una contratación que hizo Bartol con Plemuu a pesar de que fue observada por el Tribunal de Cuentas”, dijo Ríos.
Y es que una ampliación de un convenio para contratar y seleccionar organizaciones o cooperativas en pos de proveer “equipos técnicos multidisciplinarios para una Red de Servicios para una Vida Libre de Violencia Basada en Género” por $67.867.524, realizada por el anterior ministro Bartol, fue observada por el TCR por comenzar este convenio antes de que el tribunal se expidiera al respecto. En el marco del circular emitido el 28 de junio, Lema resolvió reiterar el gasto por $18.515.800.
“Hay que analizar cada caso en particular. Todos los ordenadores de gastos tienen la facultad de reiterar gastos. En esta administración, se insiste en que la decisión que se adopte sea de forma fundada: de qué compra estamos hablando, cuáles son las causas de las observaciones, y ver en qué condición estamos, si tenemos fundamentos para seguir con el curso de contratación”, argumentó Goday.
En el caso de esta contratación en particular, la justificación en el documento refiere a la no interrupción del servicio de alojamiento, protección y orientación a mujeres con y sin hijos en situación de violencia.
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Al consultarle particularmente sobre las contrataciones con Plemuu, teniendo en cuenta las irregularidades detectadas en esta organización en particular, Goday no lo contestó específicamente. Indicó que no tiene conocimiento, y que tampoco es su competencia, la reducción de este tipo de contrataciones.
Además de Plemuu, se hicieron compras directas con otras ONGs en lo que va del período del nuevo gobierno, por ejemplo con Arquitectas de la vida. Desde el mes de setiembre al día de hoy, si se tienen en cuenta todas las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de violencia basada en género y también de refugios, el gasto es de alrededor de siete millones de dólares.
A las que se le llamó “ONGs compañeras” desde la oposición en el período pasado, muchas de ellas hoy se mantienen, y con cifras de gastos similares a las que se otorgaban durante el período del Frente Amplio.
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