El abogado de la familia, Ignacio Durán, calificó la sentencia como «contundente, ejemplar y fundada».
El Estado deberá indemnizar a la familia de Valeria Sosa, mujer asesinada por su esposo policía en enero de 2017, debido a que la Policía no le había retirado el arma de reglamento –con la que mató a la mujer– al victimario tras dos denuncias de violencia doméstica. Lo decidió este miércoles Pablo Gandini, juez letrado de tercero turno de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia que afirma que «el sufrimiento de la familia por el homicidio de Valeria Sosa encierra mucho más de lo que a simple vista aparece, nos interpela como sociedad, como Estado».
Los padres de Valeria Sosa habían radicado la denuncia al Ministerio del Interior en 2018. «No hay palabras para describir el sufrimiento de los niños por lo que vivieron y por lo que aún siguen viviendo y tendrán que llevarlo de por vida», agregó en referencia a los niños la sentencia.
El abogado de los padres, Ignacio Durán, festejó la decisión de la Justicia en Twitter. Calificó la sentencia como «contundente, ejemplar y fundada», y citó una parte de la decisión: «(el) Estado fue omiso, es cómplice, y esta muerte nos interpela como sociedad … por eso el Estado Uruguayo merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores».
Contundente, ejemplar y fundada sentencia del Juez Pablo Javier Gandini del Juzgado Letrado en lo CA de 3 T. Estado fue omiso, es cómplice, y esta muerte nos interpela como sociedad … por eso el Estado Uruguayo merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores”. pic.twitter.com/x3tz7j5d2A
— Dr. Ignacio Durán (@iduran1) November 10, 2021
La medida de retiro de arma ante un caso de violencia está vigente desde abril de 2015. La no aplicación de este reglamento le costó el cargo al jefe de Policía de Río Negro, Martín Botto, por no retirarle el arma al encargado de la Brigada de Seguridad Rural de Río Negro tras recibir una denuncia de violación de su sobrina.
