Fue imputado por reiterados delitos de incitación al odio, desprecio y difamación.

La Justicia imputó a Fabrizio Bacigalupo tras la denuncia penal que presentaron 16 mujeres por acoso en redes sociales. Fue formalizado por «la presunta comisión de reiterados delitos de incitación al odio y desprecio hacia determinadas personas por su orientación sexual en reiteración real con reiterados delitos de difamación». Según explicó a 970 Noticias Primera Edición, Lucía Fernández, abogada de las víctimas apuntó que estos episodios “genera un perjuicio también a la sociedad”.

Explicó que se presentó una denuncia “por incitación al odio, al desprecio hacia otras personas y la figura de la difamación”. “Lo que se detectó fue la presencia en sus redes sociales o cuentas falsas, de una discurso de intolerancia, de discriminación que se convirtió en un constante hostigamiento hacia las víctimas”.

El jueves pasado la Justicia estableció “arresto domiciliario total” y la “prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de las víctimas Denisse Legrand, Carolina García, Zaida Arteta, Alejandra Casablanca, Paula Delgado, Teresa Herrera, Mariela De Marco, Silvia Nane, Ana Laura Pérez, Mirtha Guianze, Lorena Massanet, Alicia Deus, Verónica Mato, Andrea Tuana, Ana de Rogatis y Lucía Betiana Díaz”.

“Son expresiones que ya dejan de ser una simple opinión, son manifestaciones de una conducta que no es espontánea, sino que responde a un patrón. Es una descalificación permanente. La mayoría de las veces no era un comentario sobre publicaciones de las víctimas, sino publicaciones de cero donde quedaba de manifiesto una posición hostil”.

Fernández dijo que “muchas de esas publicaciones no solo contenían expresiones violentas, denigrantes, sino que las nombraban, a su lugar de trabajo, capturas de contratos de trabajo. Con lo que hay un hostigamiento muy fuerte que va desde la discriminación a la violencia”.

Señaló que las víctimas “en algún momento de su desempeño laboral, de su activismo, habían expresado opiniones favorables a la igualdad de género, a la libertad sexual, a los derechos sexuales o reproductivos o que ocupan cargos en el gobierno o en organizaciones sociales. Con esto se genera un perjuicio también a la sociedad”, apuntó.

“Habíamos solicitado una medida que por una cuestión técnica entendimos que iba a quedar para una etapa posterior, que tenía que ver con realizar una abordaje a la violencia, porque no debemos olvidar que todas esas manifestaciones son una multiplicación de violencia en sus diversas manifestaciones y entendíamos que había que atender de alguna manera ese comportamiento”, dijo la defensora.

Apuntó que “hay que empezar a utilizar los mecanismos de prevención, lo que empezar a usar las mejores prácticas para también brindar garantías a todos, es algo que pasa en toda la sociedad, una de las figuras penales que se tipificó, que es la incitación al odio, se debe analizar en función de la paz pública”.

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Foto: FocoUy