Por Agustín Borges
El pasado sábado 25 de febrero, dos policías mataron por la espalda a Santiago Barreto, de 26 años, en el barrio Cerro de Montevideo. La víctima no tenía ningún arma.
La discusión por el accionar policial, respaldado por la Ley de Urgente Consideración (LUC), volvió a generar polémica y la discusión sobre el “gatillo fácil” y “legítima defensa” se instaló nuevamente en la mesa.
Barreto falleció al recibir dos disparos por parte de los efectivos policiales. Los funcionarios declararon que mientras realizaban el patrullaje en la zona vieron al joven en moto hacer maniobras “sospechosas”. Además, sostuvieron que se “negó a detenerse” y que hizo “un movimiento rápido” por lo que interpretaron que iba a sacar un arma.
Por este caso la Fiscalía dispuso medidas limitativas para ambos policías, pero no formalizó la investigación. Los indagados no pueden salir del país ni alejarse de su domicilio más de tres cuadras sin avisar y tienen prohibido comunicarse con la familia de la víctima.
En entrevista con Arriba gente de Canal 10, el tío de la víctima dijo que para la familia es “super importante que la gente que vio algo aporte; que no tenga miedo”. “Sabemos que hay testigos que no quieren hablar, ya los conocemos, hemos hablado con ellos”, indicó, y remarcó: “Tienen miedo”.
Otros casos
En agosto de 2020, Santiago Cor iba al parque de la Hispanidad en moto cuando falleció al chocar con un árbol en una persecución policial.
Los dos policías que estaban en el Puente Viejo, sobre el Río Yí, vieron pasar el birrodado e iniciaron una persecución. Al llegar a una curva pronunciada, Cor no perdió el control del vehículo y chocó con un árbol. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció dos días más tarde.
El caso quedó en medio de la puja política por la derogación de los 135 artículos de la LUC, que incluía varios vinculados a la seguridad. Desde el Ministerio del Interior respaldaron a los efectivos y hasta el propio ministro de la cartera, Luis Alberto Heber, fue a una de las instancias judiciales, algo que generó más polémica aún.
El Tribunal de Apelaciones condenó a 18 meses de libertad a prueba a uno de los policías que participó en la persecución. Este fallo revocó la decisión de primera instancia de la jueza Patricia Hornes que, en abril de 2022, había absuelto a ambos funcionarios imputados por homicidio y abuso de funciones, al considerar que el accidente no fue consecuencia del accionar policial.
En la sentencia, el tribunal coincidió con Hornes de que no había delito de abuso de funciones, pero discrepa con la forma en que la jueza valoró las agresiones de uno de los policías contra la víctima durante la persecución y considera que fueron “causa directa” del accidente.
El caso continúa en la órbita judicial. En este sentido, el pasado martes, el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, en entrevista con 970 Noticias, volvió a afirmar su pensamiento de que “no están dadas las condiciones para que los policías inicien una persecución”.
Por otro lado, el 10 de abril de 2021, en Avenida Italia y Centenario, un joven de 24 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en otra persecución policial.
La persecución empezó en Bulevar Artigas y José Pedro Varela y participaron cuatro móviles de la Policía. Uno de ellos se acercó por la izquierda y se puso a la par del vehículo que manejaba la víctima.
El policía que iba como acompañante sacó el arma por la ventana y le disparó al joven. La bala impactó en la sien.
Los funcionarios declararon que el joven “estaba armado” y por eso dispararon, pero en el auto no había ningún arma.
En aquel momento, se dispuso medidas cautelares por 120 días para los dos policías que iban en el móvil del que se produjo el disparo.
Un año y medio después aproximadamente, uno de los policías policías fue imputado como “autor del homicidio” y otros dos por “encubrimiento”. Se dispuso la prisión domiciliaria total por 60 días.
En este caso también hubo dos hechos irregulares. Por un lado, uno de los patrulleros se “confundió” de auto y chocó a un vehículo en el que viajaba una familia compuesta por una pareja y una bebé de cinco meses. Además, otro de los móviles también impactó con un taxi.
Una de las situaciones más recientes tuvo lugar en la ciudad de San José de Mayo el pasado domingo. Un funcionario policial asesinó de un disparo a su vecino tras una discusión.
Según fuentes de la Jefatura de San José indicaron a 970 Noticias, la víctima había ido a pedirle disculpas al atacante por un problema que habían tenido días atrás.
El policía declaró que visualizó un arma en la cintura de la víctima, al solicitarle que se la entregue, él se retira. El funcionario va detrás suyo y en determinado momento, el fallecido se da vuelta y se lleva la mano al morral por lo que el victimario disparó.
La Justicia imputó al policía por homicidio agravado. Se dispusieron medidas limitativas como fijar domicilio, presentarse en la seccional una vez por semana y prohibición de salir del país sin autorización.
La defensa del imputado no se opuso al fallo, pero afirmó no estar de acuerdo con la acusación porque planteó que su defendido actuó en “legítima defensa”, según informó La Diaria.
La postura del sindicato policial
Ojeda, en entrevista con 970 Noticias, afirmó que los policías “no son abusadores”. “La Policía tiene un 75% de aprobación, le gana por afano a la Corte Electoral”, sostuvo el abogado.
“Un eventual episodio excepcional de abuso, tiñe el trabajo del resto pero no deja de ser la excepción, la policía trabaja muy bien”, expresó.
Foto: FocoUy
