Desde este lunes 8, comenzarán a pedir informes y de acceso a la información pública sobre los cupos que utilizó la exministra para entregar viviendas de forma directa y los procedimientos legales que utilizó.
Utilizarán ambos mecanismos porque, según explicaron, si el gobierno no contesta los pedidos de acceso a la información, podrán acceder a la Justicia para obtener las respuestas a las preguntas que harán. Con toda esa información, definirán si se cometió algún delito por parte de la ex ministra.
Según El Observador, Moreira adjudicó en forma directa, cinco viviendas durante su gestión. Fueron dos a través del programa de alquiler con opción a compra y otros tres del programa de Atención Primaria Habitacional.
Por otro lado, Ana Ferraris, integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública en representación del Frente Amplio, solicitó a la presidenta del organismo, Gabriela Di Longo para que se “analice la conducta de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en relación a la adjudicación directa de una vivienda a una militante de su partido político”, según explico la directora a La Diaria.
