El Poder Ejecutivo dio a conocer este lunes un decreto a través del cual se establece un nuevo régimen de licencias y subsidios por enfermedad que afecta a los funcionarios públicos.
Los funcionarios que tengan que hacer uso de este tipo de licencias tendrán derecho de tener hasta 9 días hábiles de licencia remunerada al año, que serán destinados a cubrir ausencias intermitentes o consecutivas por enfermedad o accidente. A partir del décimo día comenzará a regir el subsidio por enfermedad y el pago pasará a ser del 75% o 100% del sueldo dependiendo de las circunstancias de cada trabajador.
Desde COFE en tanto anunciaron que presentarán un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por el gobierno y aseguran que el Gobierno “profundiza la rebaja salarial a costo de la salud de los trabajadores”.
Además sostienen que la firma del decreto fue unilateral por parte de la autoridades, lo que consideraron “violatorio de las normas legales vigentes” en Uruguay ya que, entre otras cosas, “no hubo ninguna convocatoria a una negociación colectiva”.
“La Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes”, expresa COFE en su comunicado.
Aseguran que este decreto rebaja el salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad y criticaron el hecho de que no haya pasado “por ninguna instancia de negociación colectiva”.
Para COFE, el objetivo del Gobierno es “recaudar, ajustar a costa de la salud de los trabajadores, cuando el trabajador y su familia se encuentran con mayor fragilidad”, algo que según dicen “da cuenta de la postura de la coalición de Gobierno” y añaden que es insólito que el trabajador deba probar luego de su enfermedad si el descuento se aplica o no por la vía administrativa, como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves que “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”.
