Columna de Fabián Tiscornia:
El gobierno de Luis Lacalle Pou, se enfrenta a tres problemas con empresas que tienen un aspecto en común: la competencia. Estos problemas, que están teñidos por la campaña electoral, pueden llevar al gobierno a distintas resoluciones pese a tener el mismo foco.
Estoy hablando por un lado del cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas, de la resolución que impediría la compra de tres plantas frigoríficas del grupo brasileño Marfrig por parte del grupo brasileño Minerva y del arbitraje que uno de los accionistas del operador portuario Montecon le inició a Uruguay.
¿Por qué elegimos este tema? Porque “la creciente importación de latas de bajo costo que llegan a valores imposibles de igualar”, son según Fábricas Nacionales de Cerveza uno de los aspectos que más le afecta y que lleva a que tenga sus dos plantas: una en Montevideo y otra en Minas operando al 50% de su capacidad.
Fábricas Nacionales de Cerveza que es propiedad del grupo AB InBev, aduce también que hay otros puntos como “los altos costos de producción de Uruguay en comparación con otros países de la región; la menor escala de producción local y baja productividad; y la presión fiscal que es especialmente distorsiva en cervezas retornables”.
Por ello, FNC decide cerrar su planta de Minas y concentrar toda su operación en Montevideo. Esto impacta en 150 trabajadores que tiene la planta de Minas actualmente que quedan sin empleo.
Y acá es donde entra a jugar el gobierno.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos” para que la planta de FNC de Minas siga abierta decía el presidente Lacalle Pou el sábado tras el acto por el aniversario de la Batalla de las Piedras.
Hoy hay una reunión clave entre el gobierno y la empresa, donde, entre otras cosas se maneja la posibilidad de devolver el Impuesto Específico Interno (Imesi) por la utilización de envases de vidrio. Esta devolución estuvo vigente durante varios años, comenzó a reducirse desde 2018 y se eliminó en 2021.
Esto se conoce como “subsidio a la cerveza”. Para tener una idea, en 2015 el Estado dejó de recaudar unos 15 millones de dólares por este concepto.
Ante esto se abren algunas preguntas: si no estuviéramos en campaña electoral, ¿habría tanto interés en dar algún tipo de apoyo/subsidio a una empresa multinacional?
Para poner en contexto, FNC tiene en Uruguay el 70% del mercado de la cerveza. Y su casa matriz, el grupo AB InBev tiene un valor de mercado de 121.454 millones de dólares. Ese valor de mercado es casi dos veces lo que produce la economía uruguaya en un año.
Esto me llevó a releer el libro “El país de los vivos: un enfoque económico” de un economista uruguayo, Martín Rama que fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina.
Allí, en el capítulo 4° titulado: “El que no llora, no mama”, Rama hace referencia a que “las barreras al comercio como los monopolios legales, los aranceles a la exportación, no siempre resultan de la acción de déspotas ilustrados, ni de tecnócratas de la política económica” sino que “la acción desplegada por los beneficiarios potenciales” de esas medidas “juega un papel muy relevante” y esa acción “insume recursos y es, por lo tanto, socialmente costosa”.
Rama señala que “en el caso uruguayo la búsqueda de rentas parece ser un comportamiento ampliamente difundido” y, dice el economista, “es frecuente ver a los empresarios clamando por refinanciaciones, exoneraciones, aranceles, subsidios, devolución de impuestos”, etcétera.
Vamos al otro tema que involucra aspectos de competencia: que es la negativa de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia a la compra de tres plantas frigoríficas del grupo Marfrig por parte del grupo Minerva.
Esta información surgió de Torre Ejecutiva el pasado jueves, y hasta el momento de esta columna no se conoce la resolución de la comisión rechazando esta fusión.
Aquí recordemos, la compra de las tres plantas de Marfrig por parte de Minerva es parte de una operación más grande que involucra 11 plantas en Brasil, una en Argentina y una en Chile.
En este caso estaban todas las gremiales rurales y todo el espectro político oponiéndose a esta compra. ¿Por qué? Porque de concretarse, Minerva quedaría con entre 45% y 50% de la faena de ganado en Uruguay, algo que productores y políticos entendían peligroso por la capacidad que tendría para fijar los precios a los que compra el ganado.
Ese parece ser el argumento más contundente para que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia rechace la fusión, recordemos también que tenía como opción aprobarla con ciertas exigencias.
Las concentraciones del tipo de la de Marfrig y Minerva, se conocen como horizontales. Es decir, son dos empresas que están en el mismo lugar de la cadena, necesitan los mismos insumos y sus productos finales son los mismos. Este tipo de concentraciones, pueden tener dos formas de impactos negativos, según la Guía de Análisis de Fusiones y Adquisiciones de la comisión.
Uno son los efectos unilaterales o no coordinados: la operación facilita la capacidad de las firmas integradas de ejercer poder de mercado, de modo independiente, es decir sin ver amenazada su estrategia por la reacción de sus clientes, competidores o consumidores finales.
Luego, puede haber un efecto directo. Con la integración es posible aumentar el precio de una de las empresas y retener total o parcialmente a los clientes que reaccionan negativamente al aumento de precios mediante la empresa vinculada.
Adicionalmente, puede existir un efecto indirecto. Los restantes participantes del mercado podrían acompañar el aumento de precios, perjudicándose no sólo los clientes de las firmas que se integran, sino todos los clientes del mercado.
El último caso ha estado bastante presente desde el año 2020 y es por el acuerdo firmado entre el gobierno de Lacalle Pou y la empresa belga Katoen Natie que posee el 80% de Terminal Cuenca del Plata, la única especializada en contenedores del puerto de Montevideo.
Este acuerdo, entre otras cosas, estableció que Terminal Cuenca del Plata tiene prioridad de atraque de los buques portacontenedores que lleguen al puerto de Montevideo, consagrando en palabras del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, “un monopolio natural o económico”.
En este caso, hay una empresa, llamada Montecon, que había ido ganando terreno en la operación de carga y descarga de contenedores operando en los muelles públicos, es decir del Estado, en el puerto de Montevideo.
Con el acuerdo, cada vez perdió más volumen de carga y clientes, quedando actualmente con menos del 20% de la operativa.
Lo que aduce Montecon, es que se vulnera el régimen de libre competencia al establecerse un privilegio a favor de un competidor, como es darle la prioridad de atraque.
Ante esto, el pasado 9 de mayo, uno de los accionistas indirectos de Montecon, la canadiense ATCO, inició un arbitraje contra el Estado uruguayo ante el CIADI, un centro del Banco Mundial para resolver este tipo de disputas.
Lo hizo invocando el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Canadá del año 1997, que entre otros aspectos habla de “trato justo y equitativo” a los inversores de cada país por el otro.
En conclusión: tenemos un primer caso, como es el de FNC donde una empresa con el 70% del mercado puede terminar logrando algún tipo de beneficio ya sea subsidio u otro, lo que favorecerá su poder dominante de mercado.
Tenemos un segundo caso donde se rechaza una fusión entre dos frigoríficos para que no se dé una situación de poder de mercado y tenemos un tercer caso, que es el del puerto, donde se consagró un monopolio natural y de esa manera se restringió la competencia lo que puede terminar en una demanda de cientos de millones de dólares.
