Marina Arismendi, considera que los denominados «ni-ni» (jóvenes que ni estudian ni trabajan) en realidad «trabajan mucho y por eso no estudian».
Aunque admitió que «detesta» el empleo de ese término para referirse a unos 36.000 jóvenes de entre 14 y 29 años que están fuera del sistema educativo y del mercado laboral, Arismendi sostuvo en el Parlamento que esos adolescentes «no figuran como que trabajan porque no aportan a la seguridad social», y que «para las estadísticas de trabajo, uno trabaja cuando aparece aportando o cuando declara que trabaja». «Trabajan mucho y por eso no estudian», afirmó en las comisiones de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes el jueves 14, cuando concurrió a hablar del capítulo sobre el Mides en el proyecto de Rendición de Cuentas. En 2015 «fuimos a buscar a los chicos», indicó Arismendi. «Sabemos cómo se llaman, los fuimos a ver». Y contó que, «por ejemplo, uno está cuidando a la mamá que está enferma. No es que no estudia ni trabaja; trabaja, pero no le pagan. Y (una) niña está en la casa cuidando a los hermanitos». Según sus propias palabras «el 36% de los jóvenes ni-ni cuidan. Eso está demostrado; tenemos los nombres, los datos y dónde viven». Aunque lo utilizó, Arismendi aclaró que «detesto este término; lo he dicho en encuentros del Banco Mundial y en presentación de libros, donde uno puede opinar con otra libertad. Para mí no existen». Arismendi contó a los legis-ladores que a fines de 2015 el Mides hizo una evaluación del programa Jóvenes en Red y que se extrajeron varias conclusiones. «Una cosa es si la niña tiene entre 14 y 18 años y otra es si tiene entre 18 y 24 años. En un caso, nosotros querríamos que estudiara y, en el otro, quizás ya tenga un bebé y tendría que entrar en el mundo del trabajo. La conclusión es que muchas veces no es verdad que no trabajen», subrayó. De los 36.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, hasta el momento el Mides atiende a unos 2.200, informó. La ministra sostuvo que del relevamiento efectuado el año pasado surge que «el 48% de los 2.200 que encontramos (1.130 adolescentes ni-ni) terminaron Primaria y no aparecieron en ningún establecimiento de Educación Media» pública. Sin embargo, precisó que «encontramos a ese 48% en pequeños colegios». Según la ministra esos listados no aparecían en la estadística de la educación pública, lo cual «ahora se corrigió». «Nosotros los teníamos co-mo que no asistían, pero sí lo hacían. Insisto en que eso lo podemos demostrar con nombre, apellido, situación familiar y visitas de trabajadores sociales y psicólogos, describiendo la situación», explicó. «Se trata de aquellos niños que, terminado sexto año de escuela, no aparecían en la Enseñanza Media», insistió. 72 autos. En la comisión la directora general del Mides, Graciela Mazzucchi, informó que la cartera tiene una flota de 72 autos, cuyos choferes forman parte de una cooperativa contratada. De esos vehículos, 31 están en el interior y el resto en Montevideo. «Estos autos se usan para hacer las recorridas en la calle, en la noche. Son autos que están acondicionados especialmente para mantener la seguridad de nuestros choferes y de nuestros funcionarios. Son los que van de noche por la vereda, buscando gente», indicó Mazzucchi. De acuerdo con información que dispone el diputado nacionalista Gustavo Penadés, el Tribunal de Cuentas observó «casi la mitad de las actuaciones» del ministerio de Desarrollo Social. En 2015 de 113 contrataciones controladas por el Tribunal de Cuentas, 50 resultaron observadas, situándolo muy lejos de otros ministerios, planteó Penadés. El diputado dijo que «el «Mides viola las normas de contabilidad y administración financiera del Estado contratando cooperativas sociales de forma directa cuando por los volúmenes de dinero de que se trata correspondería usar la licitación pública». Penadés dijo que «las cooperativas sociales brindan, entre otros, servicios de limpieza, traslado de personal y alimentación en diversos proyectos que lleva adelante el Mides. Para ser contratadas las cooperativas sociales basta con que estén registradas en dicho ministerio. Pero, mientras la ley autoriza a que se las contrate cuando el gasto no supere los $ 7.585.000, el Mides lo usa indiscriminadamente por montos millonarios», dijo. Mazzuchi reconoció en la comisión legislativa que «las licitaciones tienen distintos tiempos; nos las devuelven con observaciones y hasta tanto no logremos culminar el proceso de licitación, debemos continuar con nuestros servicios. Es por eso que contratamos directamente y por eso se nos observa el gasto». Ministra cuestionada en la Mesa Política del Frente Amplio La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, concurrió ayer a la Mesa Política a dar explicaciones sobre el traslado del Instituto de Ciegos Tiburcio Cachón, pero en lugar de recibir apoyo por la medida fue cuestionada por los diputados Jorge Meroni del Movimiento de Participación Popular (MPP) y Pablo González, de la lista 711, y un delegado de las bases de Canelones. Fuentes de la Mesa Política del Frente Amplio dijeron a El País que se la criticó por la «falta de diálogo», «prepotencia» y por las «reuniones suspendidas» con la bancada que había pedido más información sobre los motivos del traslado que se realizó el pasado 30 de junio. Además generó malestar en el MPP el hecho de que la ministra dijera que no había desalojado el centro el Ministerio del Interior porque el ministro Eduardo Bonomi «no se animaba». Luego ella misma aclaró que se trataba de «una broma». Al final de la visita, el dirigente comunista Daniel Marsiglia promovió una declaración de apoyo a la gestión de la ministra, pero el resto de los sectores lo dejaron en suspenso hasta una próxima reunión. En tanto, la ministra argumentó que el traslado del centro se hizo para que el Mides se «ahorrara el alquiler». El desalojo del centro Cachón será motivo de una interpelación a la ministra, que en un comunicado acusó a legisladores de la oposición de agredir a jerarcas del Mides. Esto fue negado por los diputados Gloria Rodríguez (Partido Nacional) y Eduardo Rubio (Unidad Popular) que concurrieron al instituto el día del desalojo y reclamaron a Arismendi que presentara pruebas
FUENTE MIDES
