La aerolínea Latin American Wings (LAW) alcanzó un acuerdo marco con Alas Uruguay, que está supeditado a la aprobación del gobierno de Uruguay. Se trata de un convenio que si es aprobado por el Ejecutivo, permitirá a la compañía chilena revisar formalmente los antecedentes de su par uruguaya, con la finalidad de poder hacerse cargo del pago de los pasivos que actualmente mantiene Alas Uruguay.
Desde el miércoles un grupo de 15 ejecutivos de LAW encabezados por su principal accionista el empresario argentino, Andrés Dulcinelli, negociaron con técnicos y autoridades de la aerolínea uruguaya analizando los detalles de las áreas de mantenimiento, operaciones, comercial y planificación. Antes mantuvieron una reunión con el ministro de Transporte, Víctor Rossi.
En las últimas horas, LAW informó en un comunicado que «ambas compañías aéreas alcanzaron un acuerdo marco, que está a la espera de la venia del gobierno de Uruguay, por medio del cual la aerolínea de capitales chilenos llevará a cabo un proceso de revisión de antecedentes en su par uruguaya, con la finalidad de poder materializar en el corto plazo la integración entre ambas empresas».
Para lograr ese objetivo y «asumiendo que el acuerdo marco sea aceptado por el gobierno uruguayo, LAW deberá adquirir la totalidad de las acciones de Alas Uruguay, asumiendo los pasivos que la aerolínea uruguaya mantiene especialmente con el Fondo para el Desarrollo (Fondes) por US$ 15 millones, además de los salarios adeudados a los trabajadores, garantizando adicionalmente en un inicio, un mínimo de 75 puestos de trabajo, lo que representa un 50% de la dotación actual».
El comunicado agrega que «en el caso de que la auditoría legal y financiera de Alas Uruguay avance correctamente, se espera que la aerolínea vuelva operar a la brevedad posible, teniendo como prioridad el restablecimiento del puente aéreo entre la ciudad de Montevideo y el aeropuerto de Aeroparque en Buenos Aires, lo que se enmarca en la estrategia de LAW de expandir su presencia en América Latina”.
El texto concluye que la empresa también se haría cargo de los salarios adeudados a los trabajadores, pero se aclara que en un «inicio» se garantizará un «mínimo» de 75 puestos de trabajo, 50% menos de los 150 empleados que hasta la suspensión de operaciones se desempeñaban en la compañía.
