Con este decreto, que entrará en vigencia tras su promulgación, se regula una actividad que hasta ahora no existía, para dar más garantías a las y los pasajeros que usan el servicio en Montevideo. Se trata de una normativa que se puede complementar con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ya ha remitido al Parlamento.
Mediante el nuevo decreto se habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas electrónicas, que queda sujeta a los permisos que conceda previamente la Intendencia.
Entre los elementos principales de la nueva regulación aprobada cabe destacar que reconoce dos tipos de actores: la plataforma y los prestadores del servicio final. La plataforma es la intermediaria. En este sentido, se dispone la creación de un registro de plataformas y un registro de propietarios de vehículos, que se definirá con la reglamentación del decreto.
La IM determinará las condiciones que tendrán que cumplir tanto la plataforma como los choferes adheridos a ella, para acceder al registro. Además se limitará a uno la cantidad máxima de vehículos que un mismo propietario posea en dicho registro.
Una de las exigencias es que el servicio de transporte sea prestado en condiciones de seguridad: vehículos en condiciones, choferes con libreta profesional, póliza de seguro contra todo riesgo. El segundo beneficio de esta nueva normativa, para la ciudadania, es que seguirá viviendo en un país donde se respetan las reglas y los trabajadores de las aplicaciones realizan los aportes como cualquier otro trabajador, con la garantía de que se efectuará la prestación de un servicio público por parte de un actor privado que pasa a estar regulado.
La nueva normativa establece obligaciones para la plataforma y para los propietarios de los vehículos que operan con ella. Entre las obligaciones de los conductores se enumera: tener licencia de conducir profesional, tener carné de salud vigente, cumplir con las obligaciones fiscales y cumplir con el artículo 11 del decreto, donde se establece que los vehículos habilitados tienen que tener menos de cuatro años de antiguedad (este plazo se extiende un poco más para el caso de los vehículos eléctricos), estar empadronados en Montevideo y tener capacidad para transportar no más de 5 pasajeros, así como deben aceptar únicamente pasajeros despachados por la plataforma. El propietario del vehículo también deberá demostrar a la IM, una vez al año, que está al día con los aportes al BPS.
La autorización de un vehículo que trabaja con una aplicación se da si el vehículo está registrado en las condiciones que establece la nueva normativa. Cabe remarcar que se trata de una autorización que es diferente a los permisos que se otorgan a los taxis. Los vehículos de las aplicaciones deberán tener una inspección técnica una vez al año.
En tanto, las obligaciones para las plataformas radican en que deben estar en el registro que establece la normativa y únicamente pueden despachar vehículos que figuren en el registro.
Por otra parte, se reconoce que un mismo vehículo puede ofrecer el servicio de transporte para más de una plataforma o aplicación. Sin embargo, se habilitará a tener un solo vehículo por persona.
La IM por su lado se reserva el derecho de fijar un máximo de la tarifa del servicio si se detecta que el precio es abusivo, tal como ya sucede desde hace años con el servicio de remises.
El gobierno departamental debe preservar los bienes públicos, por lo cual establece en el decreto la obligación para las plataformas de realizar un aporte económico, ya que el servicio que presta utiliza las calles.
Este tipo de reglamentaciones, que ya funcionan con éxito en otros países de la región, procura brindar más y mejores garantías para todos los y las ciudadanos/as.
Los taxistas sindicalizados realizaron un paro y se concentraron en la Junta Departamental durante la votación.
«Es evidente que quieran hacerle los mandados a las multinacionales a espaldas de los trabajadores, pero no van a poder, nunca van a poder», dicen en un comunicado los trabajadores.
La votación estuvo marcada por incidentes que protagonizaron desde las barras taxistas del Suatt.
