La denuncia había sido presentada por el Dr. Alejo Umpiérrez representando a familiares de la incapaz y fue tramitada por largo tiempo en el Juzgado Penal de Rocha de 2o. Turno.

En el día de ayer se decretó el procesamiento de una abogada que ejerce en el Balneario La Paloma de iniciales MCFC, de un escribano de Maldonado de iniciales JCGA y de un empresario francés de iniciales JLDW, todos por el delito de estafa y en el caso del escribano con el agregado del delito de falsificación ideológica de documento público. El procesamiento del profesional fernandino fue con prisión y el de la abogada palomense y el del empresario francés fueron sin prisión y con medidas sutitutivas de la misma, debiendo realizar un depósito en garantía.
Respecto de esta misma situación la Fiscal actuante Dra. Patricia Sosa había solicitado el procesamiento con prisión de todos los involucrados en atención a la gravedad de los hechos denunciados y probados.
La situación que dio objeto al procesamiento radicó en la venta de un campo de una persona incapacitada respecto de la cual se desempeñaba como curadora la abogada ahora procesada. Tal venta se la realizó al empresario francés, quién era cliente de esta abogada, por un valor inferior al valor de mercado, realizando la escritura el escribano ahora procesado, violándose la venia conferida judicialmente que había autorizado la venta sobre otro campo diferente. Ello ocasionó un perjuicio de centenares de miles de dólares a la incapaz.
Por estos mismos hechos en su momento el Dr. Umpiérrez y otros abogados del departamento habían realizado una denuncia a la Suprema Corte de Justicia contra la Jueza actuante, la que resultó alejada del cargo primero y destituida luego de un sumario. Dicha Juez fue denunciada penalmente pero por la duración del trámite en el transcurso del proceso prescribió su delito y así fue declarado por la Dra. Silvia Urioste.
Consultado el abogado denunciante dijo sentirse «satisfecho porque se demostró la veracidad de lo que habíamos denunciado y se proceso a los culpables» pero a su vez dijo sentirse «sorprendido» por lo que llamo «una benignidad extrema» en un delito de estas características. Dijo que «la estafa por sí mismo es un delito que no permitiría que fuera un procesamiento sin prisión, máxime cuando hablamos de un perjuicio de centenares de miles de dólares y contra una persona incapaz y cuando la acción es desarrollada por una profesional del derecho, obligada a cumplir la ley, lo que agrava la conducta realizada.» Expresó el letrado que «las medidas sustitutivas de la prisión para el empresario y la abogada son risibles, un magro depósito monetario y la obligación de no salir de su domicilio de 21 a 6 hs., lo que es lo mismo que pedirles que duerman en su casa. Eso afecta la imagen de la Justicia.»
El futuro de la situación procesal de los imputados en el expediente dependerá de que el Fiscal apele la resolución de la Juez actuante, en atención a que previamente había pedido el procesamiento con prisión de todos los denunciados.