La Jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard procesó a cinco hombres, dos de ellos con prisión, por defraudación tributaria, delito que cometían utilizando documentación de empresas ficticias. Con estas empresas falsas creaban facturas que luego vendían a otras firmas que evadían impuestos.
Según consta en el auto de procesamiento, fueron identificados dos falsos estudios que se dedicaban a la creación de sociedades y su inscripción ante la DGI a través de testaferros. Contrataban escribanos con los que certificaban domicilios falsos y de esta forma creaban estructuras jurídicas irregulares.
Los directorios de esas empresas eran integrados por personas insolventes, algunas en situación de calle, que incluso eran reclutadas por los dos ideólogos de la maniobra. Uno de estos testaferros figuraba como socio de 300 sociedades.
Los ideólogos abrían sociedades anónimas con direcciones ficticias que los habilitaban a la compra de facturas. Una vez que tenían las facturas procedían bajo tres modalidades:
1 – empresarios adquirían las sociedades inexistentes, utilizaban sus facturas por un período inferior a los cuatro meses y luego las descartaban. Con estas facturas figuraban compras que nunca habían realizado y pagaban impuestos por ganancias inferiores a las reales. Nunca se identificaba a los verdaderos dueños ni la empresa.
2 – la empresa compraba la boleta a alguno de los estudios y justificaban una compra determinada.
3 – la empresa compraba un número determinado de facturas para inventar compras inexistentes. El costo de cada factura rondaba entre el 10% y el 20% del IVA a pagar.
Joaquin Serra, director genera de Impositiva, contó detalles de este caso:
Uno de las empresas que incurrió en la defraudación tributaria fue una avícola. Si bien la cantidad de aves faenadas se mantenía igual de acuerdo a los últimos años, había aumentado considerablemente la compra de granos para su alimentación.
Así se pudo constatar que se había facturado ficticiamente la “compra” de 15.900 toneladas de granos que deberían haber ingresado 567 camiones completos. No solo no hubo registro de ninguno de los camiones sino que la empresa no contaba con el registro de la entrada de los granos que se deberían pesar en una balanza.
Los ideólogos habían creado dos empresas de venta de granos bajo el nombre “Armamel” y “Productores La Cosecha”.
La DGI presentó seis denuncias penales, que involucra, además, más de cinco escribanos, investiga a 86 empresas y otras 200 se sumarán a la investigación.
Según las primeras investigaciones el monto de la maniobra asciende a $78 millones, pero se estima es superior.
