Las obras del Polo Industrial del Liberado comenzaron tras el acuerdo concretado por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) con las firma ISG y Cañerías Industriales. En el lugar se brinda empleo a personas del sistema penitenciario en emprendimientos vinculados a sistemas contra incendio, gastronomía, carpintería, aluminio, albañilería, herrería, entre otros, informó el director de la entidad, Jaime Saavedra.

“Es un centro de convivencia ciudadana del que participan fundamentalmente personas liberadas del sistema penitenciario, desocupados, empresarios que apuestan por el proyecto y un centro de capacitación que surgió a través del acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop)”, informó Saavedra a la Secretaría de Comunicación Institucional.

Las obras del polo comenzaron el martes 2 en la calle Enrique Martínez 1055, en el barrio Prado, de Montevideo, por parte de seis personas liberadas contratadas por las empresas que desarrollarán sus emprendimientos productivos. A medida que surjan nuevas solicitudes de trabajo o de empresas para instalarse en el lugar, aumentará la cantidad de personas a ser contratadas.

Saavedra puntualizó que las empresas que ya firmaron acuerdo con la Dinali se relacionan con el armado de sistemas contra incendio y propuestas gastronómicas. En el edificio, además, se brindan 27 cursos por parte del Inefop, como carpintería de madera, aluminio, albañilería, herrería, entre otros.

“Tenemos expectativa de que la primera etapa de la obra finalice en noviembre y que las empresas ya estén desarrollando sus negocios”, indicó. “El trabajo de reacondicionamiento ya comenzó y para que el proyecto en su totalidad esté finalizado llevará aproximadamente un año y medio”, añadió. “Es un proyecto de largo aliento, que transformará un edificio que quedó ocioso por parte del Ministerio del Interior”, complementó.

Señaló que el objetivo del polo “es replicar la experiencia muy exitosa del Instituto Nacional de Rehabilitación en la unidad de Santiago Vázquez, donde trabajan y capacitan en el presente a 500 personas privadas de libertad”. También remarcó que las empresas destinarán un porcentaje de sus utilidades para financiar las actividades de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia.