Por tratarse de personas sin antecedentes penales y por no correr riesgo de fuga, la Justicia entendió que no debían de permanecer en reclusión hasta tanto se lleve a cabo el juicio.
A uno de ellos, que era jerarca, se le imputó el delito de abuso de autoridad, omisión de asistencia, y coautoría de homicidio a título de dolo eventual. A los restantes se les tipificó abuso de autoridad y omisión de asistencia.
La investigación comenzó cuando el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, indagó en la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez.
Cuando salió el caso a la luz las autoridades de la cárcel dieron cuenta de que el recluso había muerto por la herida de un corte carcelario, tras una pelea entre los privados de libertad.
La investigación de Petit determinó que la herida del fallecido había sido producida por una bala de goma a corta distancia. Poco más de un metro, según confirmó a 970 Universal.
Además, el recluso no fue asistido debidamente; la víctima había sido dejada en el piso de la celda. Un mes más tarde fue removido el director de cárceles Gonzalo Larrosa.
Petit siguió de cerca la investigación, al igual que la familia de la víctima, quienes también sumaron elementos. Hoy están imputadas las tres personas y el juicio está en curso.
“Hicimos la tarea que teníamos que hacer. Hubo una confusión por parte de los funcionarios actuantes en las medidas de las primeras horas. Eso afecto la información oficial del Ministerio del Interior. Por suerte pudimos corregirlo y para esos estamos, es nuestra tarea”, expresó Petit.
Se está trabajando a nivel judicial “de manera transparente y con garantías para todas las partes”, aseguró Petit a 970 Universal, quien prevé que se resuelva en un tribunal «abierto, imparcial y democrático”.
