El presidente de la fuerza política también se refirió a la ley de urgencia y a la participación de Isaac Alfie en EE.UU; dijo que violó la confidencialidad.
Poco menos de tres horas demandó el análisis de dos temas este lunes en la Huella de Seregni en Montevideo, a nivel del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.
Los temas en agenda fueron la resolución de la Corte Electoral respecto a candidatos para las elecciones municipales y lo referido a la ley de urgente consideración que prevé impulsar en el Parlamento el gobierno electo a partir del 1º de marzo.
Sobre el primero de los temas la resolución de la Corte Electoral del 23 de diciembre de 2019, indica que dirigentes que participaron de las elecciones internas por un partido podrían ser candidatos a alcalde o concejal por otro partido.
En una resolución emitida por parte del Frente Amplio, se considera como «un cambio en las reglas del juego en medio del proceso electoral». Quien se refirió al tema fue el presidente de la fuerza política, Javier Miranda.
El segundo de los temas que estuvieron hoy en discusión es el análisis del articulado de la ley de urgencia. Este aspecto aún no tiene una definición al respecto, están a estudio de los 459 artículos de consideración.
Miranda indicó que es una ley «compleja» de una «condición conservadora» y de «dudosa constitucionalidad».
El Frente Amplio no comparte su contenido general. Miranda reiteró que ese articulado es el plan de gobierno que su fuerza reclamaba para antes de las elecciones. Y el tema que marcó la agenda del día de hoy fue la comparecencia del economista Isaac Alfie en Washington, Estados Unidos.
Tal como informara 970 Noticias este fin de semana, el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), viajó a ese país para declarar en contra del Estado uruguayo en el juicio millonario a favor de la empresa Aratirí.
Este lunes el tema estuvo en la conversación, según aseguró Miranda, por la «alta preocupación» tras conjugación de intereses públicos y privados.
El presidente del Frente Amplio denunció que Alfie violó la confidencialidad al hacer públicas las instrucciones, a través de su cuenta de Twitter.
La demandante contrató al economista para que hiciera el informe, servicio que fue pago por la propia demandante, explicó Miranda.
Y agregó que hay un «problema ético y político».
