Este viernes, Punto de Encuentro recibió la visita de la contadora Belén Renau, Integrante del Departamento Contable de CARLE & ANDRIOLI, para hablar sobre la situación de las micro y pequeñas empresas en medio de la emergencia sanitaria.
Luego de más de tres meses de la crisis que trajo consigo el COVID-19, le proponemos analizar en qué situación se encuentran las micro y pequeñas empresas hoy y cómo están siendo las medidas de emergencia implementadas y como se adaptan a esta “nueva normalidad”.
Escuchá la columna completa de Carle & Andrioli Contadores Públicos:
PE: Para empezar ¿cuándo una empresa es micro, pequeña o mediana?
Un Decreto del año 2007 categoriza a las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en tres grupos en función del personal ocupado y de su facturación anual en UI (sin IVA)
- Microempresas: ocupan hasta cuatro personas y sus ventas anuales no superan las dos millones de unidades indexadas (aproximadamente USD 220.000).
- Pequeñas empresas: ocupan menos de 20 personas y sus ventas anuales no superan aproximadamente USD 1.100.000.
- Medianas empresas: ocupan menos de 100 personas y ventas anuales que no superen aproximadamente USD 8 millones.
PE: ¿Cómo se vieron afectadas estas mipymes por la pandemia?
Según la encuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería (en la que participaron 900 empresarios de industria, comercio y servicios de diferentes departamentos del país), el 86% de las Mipymes sufrieron una disminución en sus ventas tras la emergencia sanitaria, un 11 % las mantuvo, mientras que el restante 3% las aumentó, viéndose beneficiadas por la situación. Este 3% está integrado por ejemplo de sectores vinculados a tecnologías de la información y la comunicación, pequeños comercios, servicios de construcción e industrias creativas.
Un 90% de los encuestados declaró haber implementado algún cambio para hacer frente al contexto actual, por ejemplo reducción de costos y el envío de empleados al seguro de paro.
PE: ¿Qué medidas y herramientas de apoyo obtuvieron?
En este contexto de crisis fue necesaria la implementación de medidas para mantener la salud financiera de las Mipymes, proteger su calidad crediticia y preservar la cadena de pagos.
A nivel tributario, se aplazaron algunos vencimientos tanto en DGI como en BPS, realizándose adicionalmente ciertas exoneraciones en este último, con el fin de alivianar la carga tributaria de las pequeñas empresas. A su vez, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) implementó una serie de beneficios económico-financieros centrados principalmente en la preservación del crédito de las empresas.
PE: ¿Y en qué consistieron estos beneficios?, ¿fueron efectivamente utilizados?
Los beneficios se separan en tres diferentes grupos: beneficios por baja de actividad, programa de crédito dirigido y el sistema de garantía adaptado para la emergencia
Los beneficios por baja de actividad estuvieron orientados a trabajadores por cuenta propia, que no cuentan con seguro por desempleo. Dos opciones: subsidios y seguros.
El subsidio por baja de actividad dirigido a empresas Monotributo MIDES es de $6.800 por mes, durante abril y mayo, extendido luego a junio y julio. En los primeros dos meses se concedieron más de 8.500 subsidios, más de 80% de las empresas alcanzadas.
Por su parte, el seguro por baja de actividad para empresas Monotributistas, Literal E, o Régimen General sin dependientes, fue diseñado como préstamo blando, de $12.000 por mes durante abril y mayo (también extendido a junio y julio). Deberán devolverse en 24 cuotas. Hasta fines de mayo se otorgaron 11.000 préstamos, 15% de empresas alcanzadas.
PE: ¿Y cómo funcionaron el crédito dirigido y el nuevo sistema de garantías?
El Programa de crédito dirigido tiene por objetivo brindar apoyo financiero aportando liquidez a las Mipymes con créditos en mejores condiciones que los que ofrece el mercado. Son subsidiados por ANDE y otorgados por instituciones de microfinanzas. Desde su implementación hasta fines de mayo se otorgaron 1.700 créditos por un total de USD 7 millones (94% para capital de trabajo y una parte menor para reperfilar deudas).
Por su parte, el Sistema nacional de garantía, fue adaptado para la crisis (SiGa Emergencia) y destinado a mipymes que no cuentan con garantías suficientes para respaldar su crédito. Subsidia el 70% de comisión que cobra el SIGA por el servicio. Su uso se ha incrementado significativamente, según estadísticas de SIGA en mayo superó los USD 92 millones en montos garantizados, siendo los sectores de comercio y servicios los que más utilizan estos créditos.
PE: Para terminar ¿se prevén cambios en la normativa y nuevas herramientas?
En el proyecto de LUC hay un capitulo respecto a las Mipymes. En el mismo se faculta al Poder Ejecutivo a la adecuación de pagos mensuales de empresas Literal E, teniendo en consideración el cumplimiento de ciertos requisitos formales, naturaleza de la actividad, ingresos y número de dependientes. Quedaría entonces la posibilidad de un Decreto donde se pueda readecuar el régimen del Literal E, sin mayor costo fiscal pero permitiendo a empresas que contraten con ellas deducir estos gastos de su liquidación de impuestos, que hasta ahora no está permitido.
Asimismo, la LUC establece un beneficio adicional en cuanto a la exoneración de los aportes patronales al BPS. Hasta el momento estas exoneraciones son de 75% el primer año de actividad de las empresas y de 50% el segundo año, agregándose ahora un 25% para el tercer año, amparando tanto a las Micro como Pequeñas empresas.
Por otro lado, el SIGA está trabajando en la implementación de nuevas líneas relacionadas con las Mipymes, para empresas informales (en general se financian con tasas de interés muy altas) y la línea de crédito post COVID-19, que sería para seguir teniendo disponible financiamiento.
