Por Antonio Ladra
El caso es conocido y explotó en las últimas horas, el pasado viernes en la tarde. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, fue beneficiado por una exoneración tributaria prevista en la ley de inversiones. En efecto, el pasado 11 de febrero la ministra de Economía Azucena Arbeleche, firmó una resolución que eximió a la empresa Isaac Alfie Stochek de pagar IRAE por hasta 401.000 pesos para la instalación de un nuevo local.
La solicitud de Alfie fue presentada en el año 2019, bajo la gestión del gobierno del Frente Amplio y cuando el ahora funcionario público estaba trabajando en la esfera privada.
Tras el estudio que se hace en estos casos de parte de una comisión asesora, se determinó que la inversión cumplía con todas las condiciones como para ser incluida en la ley de promoción de las inversiones.
Por lo tanto, la exoneración que recibió Alfie es legal, pero está lejos de ser ética. Alfie tuvo tiempo como para anunciar que estaba en camino esa exoneración. Lo debería haber aclarado antes de asumir.
Alfie es parte del equipo económico.
Es cierto que Alfie renunció al beneficio. Parece que fue en acuerdo con el presidente, luego que éste, al tomar conocimiento de la versión, lo llamó para interiorizarse del asunto. Fue en esa llamada que Alfie anunció que iba a renunciar al beneficio.
Está bien, pero lo hizo cuando tomó estado público, no antes.
Ahora, el beneficio no estaba oculto, se puede encontrar en la documentación que está al alcance de dos clics de mouse.
El presidente lo ha respaldado. Es que el peso político, no el partidario, de Alfie es muy grande. Alfie está en el gobierno por su carácter de técnico y hombre muy importante en el equipo económico del gobierno. No está en representación del Partido Colorado. No es una ficha intercambiable.
Tanto no es intercambiable que el presidente actúa con doble rasero: recordemos que, en mayo del año pasado, Lacalle despidió al ingeniero Guillermo Iglesias tras dos meses como presidente de Antel, disconforme por una resolución por la cual se presupuestaba a 857 personas que estaban contratadas en régimen de función pública desde hacía más de tres años. El despido sobrevino porque se necesitaba pasar una señal “clara y firme” de que no se iban a permitir decisiones que complicaran la situación económica, se dijo desde el gobierno en aquel momento.
Ahora el Partido Socialista ha pedido la renuncia de la ministra Arbeleche y del propio Alfie. Y la discusión se ha trasladado sobre quien resiste el archivo y quién no.
Una vez más no encontramos con la teoría del Big Bang, el principio del universo, aplicada a la política. Todos la aplican. Vengo yo y todo empieza de nuevo parecen decir.
Hace tres años la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira estuvo en Uruguay y dio una conferencia. En aquel momento, dijo que a nivel internacional se toman tres casos como paradigmáticos por el uso personal de dineros públicos, los que a pesar de ser pequeños montos son reveladores de una falta ética.
Los tres casos son 1) Los Toblerone. La ex viceprimera ministra sueca Mona Sahlin uso su tarjeta corporativa para comprar dos Toblerone. Debió renunciar. 2) El Chocoarroz. El ministro de Hacienda argentino de la administración pasada de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne pidió tener stock de chocoarroz para sus reuniones y 3) El short de baño. El ex vicepresidente uruguayo Raúl Sendic usó dinero público para comprar un traje de baño.
El Frente Amplio defendió durante mucho tiempo a Sendic y pagó un costo político importante. Lacalle vio la jugada e hizo dar marcha atrás rápidamente.
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Foto: Gastón Britos / FocoUy
