El objetivo es cerrar la sociedad y evitar que siga generando costos millonarios de funcionamiento.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para cerrar Gas Sayago y evitar que siga generando costos millonarios asociados al proceso de liquidación iniciado en diciembre de 2019, según informó El Observador. En tanto, UTE contrató al abogado penalista Jorge Barrera para seguir el tema en la Justicia.
La idea del gobierno es transferir a sus accionistas UTE y Ancap los activos y pasivos pero poder liquidar la firma para evitar los gastos de funcionamiento, que según la auditoría que se conoció esta semana, implican 3 millones de dólares por año.
El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con US$ 113 millones aportados por el Estado a través de sus accionistas, y con US$ 100 millones del cobro de una garantía tras la recisión por incumplimiento del contrato principal con el consorcio GNLS.
“Ambos entes autónomos serán considerados a todos los efectos como sucesores a título universal de Gas Sayago a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias”, dice el texto del proyecto.
El segundo artículo del proyecto de ley exonera a UTE y Ancap de los pasivos actuales o futuros que la empresa posea o se devenguen por cualquier causa u origen con la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección General Impositiva (DGI), así como de los pasivos futuros que se devenguen con la Dirección Nacional de Aduanas.
Por otra parte, el directorio de UTE resolvió este jueves enviar la auditoría externa sobre Gas Sayago a la Junta de Transparencia y Ética Pública y resolvió contratar al abogado penalista Jorge Barrera para transformarla en un escrito que se presentará ante la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Intendencia de Montevideo
