También se expresaron otros integrantes del Frente Amplio al respecto.

Tras el fallo del juez Alejandro Recarey que determinó la suspensión de la vacunación de niños de 5 a 13 años, además de las diferentes autoridades del gobierno que se pronunciaron al respecto, también integrantes del Frente Amplio se manifestaron.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comunicó que llamó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. «Uruguay fue, por el compromiso de trabajadores/as de la salud, por las fortalezas de su Sistema Nacional Integrado de Salud y por el gran consenso científico, político y social, un referente en vacunación en el mundo», indicó en un comunicado.

«Ese consenso se mantiene intacto pese a un fallo judicial que debe respetarse y acatarse, pero consideramos al igual que nuestro gobierno un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria», agregó.

Por otra parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez fue consultado sobre el tema: «Los ciudadanos se pueden oponer a vacunarse pero no se puede impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por parte del Estado. Hay que analizar en profundidad el fallo del juez, y ver de qué manera el Ministerio de Salud Pública da respuesta y evacúa esa situación», dijo, y concluyó: «algunos piensan que saben de todo».

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«Preocupa que la decisión de un juez -enmarcada en una acción de amparo a todas luces improcedente- prive del derecho a la vacunación contra la COVID-19 a un sector de la población especialmente vulnerable», expresó la diputada del Frente Amplio y médica pediatra Cristina Lustemberg a través de Twitter.

«Preocupa sobre todo por la profusa evidencia científica, tanto a nivel nacional como internacional que recomiendan la vacunación en niños, niñas y adolescentes considerando que los beneficios de la vacunación contra el SARS-CoV 2 superan ampliamente los posibles efectos adversos de la administración de la vacuna», indicó, y remarcó que la inoculación contra el virus no es obligatoria.

«De mantenerse la decisión judicial, constituiría un antecedente peligroso en cuanto atenta contra la libertad de “algunas” personas de optar por vacunarse, el principio de igualdad por ser totalmente discriminatorio y el avasallamiento en relación a las políticas sanitarias que se han venido implementando, sustentadas en una amplísima red de evidencia,y opinión de expertos de todas las áreas», sostuvo.

Foto: Gastón Britos / FocoUy