Los abogados Martín Risso y Carlos Delpiazo concluyen que es inconstitucional el artículo 12 de la “Ley Cristal”.
La Junta de Transparencia y Ética Pública observó al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, por presentar parcialmente su declaración jurada, al no incluir los ingresos, patrimonio y pasivo de su esposa. El legislador insiste en que no está obligado a hacerlo.
Su suplente, Juan Straneo, expresó en Twitter que Sartori “no tiene capacidad jurídica para hacer que su esposa firme la declaración jurada”, posición que respaldan informes realizados por los abogados constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo.
@JuanSartoriUY NO tiene capacidad jurídica para hacer que su esposa firme la declaración jurada y así se lo hemos expresado al organismo.
Reitero, no tenemos nada nuevo y si esta imposibilidad, ajena a lo que depende de su acción y capacidad, apareja como sanción – (3/4)— Juan Straneo Abreu (@AbreuStraneo) June 15, 2022
Los documentos a los que accedió 970 Noticias señalan que la llamada Ley Cristal, 17.060, es inconstitucional en su artículo 12, que obliga a presentar declaración jurada no solo al funcionario público, sino también al cónyuge o concubino y a las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela.
“Ninguna inconstitucionalidad existe al imponer la declaración jurada a los funcionarios”, dice el informe. Sin embargo, apunta al artículo 12, que refiere a bienes de terceros. “Al no ser ellos funcionarios públicos, su derecho a la privacidad los protege”, agrega.
Además, considera “absurdo exigir la firma del cónyuge. ¿Cómo se recoge esa firma si el cónyuge se niega a firmar? ¿Qué pasa si no se obtiene esa firma? La ley se ha introducido inútilmente en un callejón sin salida en este punto” señala uno de los documentos.
“No sólo es una norma sin sanción, ya que no es posible achacar a dichos funcionarios la eventual omisión de sus cónyuges o concubinos, sino que merece la tacha de inconstitucionalidad”, concluye el informe. Además, indica que, por principio general del derecho, no se puede obligar a una persona a presentar información que depende de un tercero.
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