La fiscalía calificó la causa de la obra pública en Santa Cruz como «la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país».
El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta argentuna Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy, más que nunca, la sociedad reclama justicia. Señores jueces, está en sus manos restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, agregó, dirigiéndose al tribunal. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, concluyó, antes de pedir las penas en el juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra publica vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: La magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
En tanto, para el resto de los exfuncionarios, a quienes señaló como «organizadores de la asociación ilícita», Luciani solicitó: una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez; 10 años para el exsecretario de Obras Públicas José López; la misma condena para Julio de Vido y para el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Mientras que, para Raúl Pavesi solicitó 5 años de prisión por el delito de administración fraudulenta; 4 años para Claudio Abel Fatala y Raúl Santibañes. Finalmente, pidió 3 años de prisión en suspenso y que fije residencia para Héctor Garro.
En la audiencia, el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.
Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.
Foto: Dante Fernandez/Focouy
