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El abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la Republica (UDELAR) y defensor de varias víctimas de caso, Juan Raúl Williman consultado en la entrevista de 970 Noticias, sobre la cantidad de delitos imputados a Penadés señaló: «estamos frente a pruebas que justificaban los delitos y la participación de los imputados”.
Indicó que es “muy destacable el trabajo de la Fiscalía y de la jueza que utilizó la palabra «lapidario«. Williman dijo: “me quedo con el Estado de Derecho dando respuestas y en su momento con el sistema político que cuando votó los fueros lo hizo inmediatamente. Se actuó con rigor y con objetividad.»
Confirmó que fueron diez las denunciantes y que «está bien que se le diga víctimas, porque el legislador colocó esa terminología en el código”. Ocho de ellas declararon en forma anticipada y dos lo hicieron en sede administrativa.
Para Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín se dispuso un embargo genérico. En el caso del legislador suspendido el embargo es por 25 millones de pesos y para el profesor de Historia hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos. Williman dijo que “el embargo se hace si uno cree que están acreditados elementos de delitos y podría haber previstas indemnizaciones si lo condenan.”
Penadés adujo durante la audiencia que padece problemas de salud, una cardiopatía isquémica y diabetes tipo B, por lo que la jueza determinó que sea periciado por el Instituto Técnico Forense y solicitó la historia clínica del imputado.
Williman dijo que la defensa apeló esta resolución y señaló: «es más común en imputados de determinada edad y patologías. Hay muchas personas recluidas en el INR con estas patologías».
La fiscal Alicia Ghione explicó que los motivos por los cuales solicitó la prisión preventiva de Penadés, son la existencia de riesgos procesales, reflejados «en amenazas y seguimientos a las víctimas». A su juicio eso constituye una «estafa procesal», porque «el plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores, y con colaboración de policías», dijo la fiscal en rueda de prensa.
Ghione dijo que se detuvo al director del ex Comcar, Carlos Taroco quien participaba de una investigación paralela armada por Penadés, ya que accedía a un sistema de información del Ministerio del Interior para conocer a la identidad de las víctimas.
Williman dijo a 970 Noticias sobre lo declarado por Ghione: «teníamos una idea, sabíamos que la Físcalía venía con una importante línea de investigación. Eso implica la formación de otro expediente».
El abogado del profesor Mauvezín en el comienzo de la audiencia este martes, pidió la suspensión porque en la carpeta investigativa están incluidas conversaciones entre él y su cliente. Para Juan Carlos Fernández Lecchini, eso afecta las garantías de su defendido. Entiende que incluir llamadas y conversaciones de Whatsapp, viola el secreto profesional.
Williman aclaró la situación: «No era un interceptación telefónica, era una extracción de un celular, se lo perició y se tomó toda la información. Es cierto que la extracción es única y no se puede volver a tocar porque se rompe la cadena de custodia. Toda aquella evidencia que no es utilizable, no se utiliza».
