El director del INR – Crio. Mayor Gonzalo Larrosa- realizó algunas precisiones al informe del Comisionado Parlamentario, advirtiendo que el mismo no expresa la realidad del módulo en cuestión ni del caso concreto de los internos afectados.
En las últimas horas se conoció un informe primario del Comisionado Parlamentario sobre la situación de 4 privados de libertad recluidos en el Módulo 8 de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, que fuera detectada y denunciada por personal penitenciario asignado al módulo quienes solicitaron la asistencia del personal de ASSE para su verificación y atención médica correspondiente.
Los hechos
El miércoles 31 de mayo pasado, personal poliicial del Módulo 8 constató que en tres celdas del Sector C2 (área de seguridad), cuatro privados de libertas se encontraban con un estado de salud muy deteriorado, lo que motivó que fueran derivados al servicio médico de ASSE. Allí fueron atendidos por la Dra. Marta Arellano quien estampó en su boleta de diagnóstico “se constata adelgazamiento; refiere a privación de alimento”.
Ante esa situación, se tomaron medidas inmediatas consistentes en el traslado de los internos al módulo 4 -sector de seguridad-; chequeo inmediato por parte de personal penitenciario de todas las celdas del módulo 8 con la finalidad de detectar casos similares si los hubiere, relevamiento que no arrojó más casos como los referidos.
El diagnóstico médico habla de adelgazamiento, lo cual contradice lo informado por el Comisionado que calificó de desnutrición a los casos en cuestión. Los implicados estaban en tres celdas diferentes y se niegan a revelar la verdadera razón de sus estados ya que los alimentos llegan al sector y son distribuidos por privados de libertad encargados de su reparto.
El pacto de silencio de los compañeros de celda explica un clima de tensión o amenaza que estarían sufriendo los internos afectados, situación que es objeto de investigación de las autoridades penitenciarias.
Investigación y medidas
El propio director del INR, disparó los protocolos de actuación en procura de dar con los responsables de esta situación y destacó el celo profesional del personal penitenciario “que detectó y denunció los hechos”. Asimismo, informó que no fueron 45 los reclusos inspeccionados sino 75 (la totalidad del sector afectado), no encontrándose otros casos similares a los denunciados.
“El propio sistema fue el encargado de detectar el problema, el informe del Comisionado surge a raíz de los mismos policías que -en el ejercicio de sus funciones- dieron cuenta de una irregular situación a la que dieron atención inmediata solicitando la asistencia médica”, remarcó Larrosa.
Otra de las medidas que ha dispuesto la dirección del INR es la revisión médica de todos los internos que habitan el Módulo 8 y una auditoría de los alimentos que recibe la Unidad N.º 4 y la cantidad que llega efectivamente a cada interno.
El módulo 8 del ex ComCar tiene una capacidad locativa para 310 internos y una población real de más de 600, siendo uno de los pocos sectores del sistema que mantiene un niivel de hacinamiento elevado, a pesar de los traslados efectuados que descomprimieron en algo la situación del mismo.
En otro orden, se iniciaron las obras de reconstrucción de los módulos 1 y 2 gracias a un acuerdo recientemente firmado con el SUNCA por el cual 40 capataces de la organización sindical dirigirán a 400 privados de libertad en la realización de las obras. Con la habilitación de los mismos, la próxima inauguración de la Unidad Punta Rieles construida en régimen de participación púbilico privada, más algunas otras del interior del país, el sistema penitenciario nacional abandonará -definitivamente- todo tipo de hacinamiento en sus unidades, tal cual lo adelantó el ministro Bonomi.
