Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en marzo de 2017 pero que son datos del 2016, se registraron desde 2013, año en que se aprobó la ley 18.987 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), unos 34.789, confirmando que las cifras crecen pero se desaceleran, de 2013 a 2014 hubo un 20% más de abortos realizados, mientras que de 2015 a 2016 el crecimiento fue de un 3,8%. El 82,8% de las mujeres que interrumpen el embarazo son mayores de 20 años.
Lucía Betancur realizó un detallado informe de la situación actual en Fuentes Confiables.
La norma plantea que hay que seguir una serie de pasos para poder acceder a una receta de misoprostol y mifepristona, medicamentos que en Uruguay se utilizan para abortar. Este procedimiento tiene cuatro etapas: la primera etapa es cuando la mujer manifiesta su voluntad de interrumpir el embarazo; la segunda consta de una reunión con un equipo multidisciplinario integrado por un médico ginecólogo, un asistente social y un psicólogo; en la tercera etapa se interrumpe el embarazo y, por último, en la cuarta fase, se hacen controles post aborto y asesoramiento en anticoncepción. En algunos casos para agilizar juntan la etapa uno con la dos.
Existen dificultades en el acceso a métodos de Interrupción del Embarazo, sobre todo en el interior del país y fundamentalmente tras el fallo de 2015 donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que señala que los médicos pueden abstenerse de participar en el proceso para realizar abortos.
Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MySU) dijo a Fuentes Confiables que la falta de información es uno de los cuestionamientos que realizan y les preocupa las cifras en algunas instituciones que da cuenta del alto porcentaje de objeción de conciencia.
El mes pasado el colectivo Cotidiano Mujer denunció a ASSE al dar un plazo de casi un mes para que una paciente del Pereira Rossell pudiera comenzar el proceso explicando que se cumplieron todos los plazos legales correspondientes, dijo a Fuentes Confiables la vocera Soledad González. Se reunieron con el Gerente General de Asse, Richard Millán y con autoridades del Hospital y les dijeron que esa situación se debió a las licencias de los funcionarios y por eso el servicio estaba disminuido pero que se instalaron mecanismos nuevos para asegurarse que si una mujer llega muy cerca de las 12 semanas no se corriera el riesgo de pasarse el plazo legal.
Según un informe de junio de 2017 de MySU, solo en el Pereira Rossell la mayoría de los profesionales está afín con la ley. Allí el porcentaje de objeción es solo del 1,5%, aunque tan solo 5 ginecólogos están asignados específicamente a la tarea de interrupción del embarazo. Este centro concentra la mayor cantidad de abortos legales del sistema público, Abracinskas señaló que “el Pereyra Rossell recibe todo lo que no aceptan hacer otros servicios públicos del país, por eso está desbordado”.
Uno de los problemas que señala es que mujeres migrantes que viven en Uruguay hace menos de un año no tienen derecho a los servicios del aborto y deben recurrir al circuito clandestino o mujeres que pasen de las 12 semanas y 6 días también quedan por fuera del sistema. Otra deficiencia que marcó en la ley es que en la matrícula de formación universitaria no se ha incorporado, hasta la fecha, la salud sexual y reproductiva en la formación curricular para ninguna de las profesiones afectadas (ginecólogo, asistente social y psicólogo), agregó que la única facultad que ha hecho avances en eso es psicología.
Según datos del MSP, de un total de 9719 mujeres que abortaron en 2016, solo 58% asiste a la cuarta fase del procedimiento donde se hacen controles post aborto y asesoramiento en anticoncepción. González señaló que si existiera un seguimiento, no ocurriría que mujeres que hicieron todo el proceso, tuvieron la hemorragia pero cuando van a la consulta resulta que están embarazadas. Al momento no se ha generado ninguna alternativa legal que habilite intervenir al sistema de salud en caso que falle y la mujer quede en esa situación. Se espera cambiar la ley en este punto, que se extienda el plazo.
Abracinskas explicó que hicieron un sondeo entre políticos para saber si hay posibilidad de debatir y rever artículos en la ley y los legisladores les decían que no hay condiciones, debido a la postura del presidente Vázquez que ya vetó una ley en el 2008.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay Dr. Gustavo Grecco dijo a Fuentes Confiables que no tiene una posición en el tema en virtud de la diversidad de las mismas. Indicó que hay una tasa de unos 12 abortos por cada 10 mil mujeres en edad fértil, “son número acordes a lo que es la población mundial y la correlación que existe entre la disminución de la mortalidad por aborto y la disminución materna como indicador país, es muy positiva”.
Consideró que la objeción de conciencia sea algo tan marcado particularmente en el interior del país y que obligue al paciente o al ginecólogo a viajar, contribuye a una estigmatización de los usuarios del sistema, como del profesional. Sobre la posibilidad de contratar médicos del exterior para que trabajen en el interior en los lugares donde hay médicos objetores dijo que tampoco es conveniente porque la solución se la debe encontrar dentro del sistema.
Grecco señaló que una de las críticas que se le hace es que la usuaria del sistema tiene que enfrentarse a tres profesionales con la intención de ayudar pero muchas veces eso para las poblaciones más adolescentes puede ser una barrera a la hora de acudir al sistema para acceder a la intervención voluntaria.
El SMU no tiene una postura al respecto, pero indicó que es necesario generar instancias de debate sobre la implementación de la ley en el interior. Al momento no manejan ninguna iniciativa pero consideró que “sería bueno así como luchan por la mejora continua de la calidad del sistema de salud, que también el debate sea parte de la mejora”.
Aquí el informe completo en Fuentes Confiables:
