Fuentes Confiables recibió en el estudio de 970 Universal instalado en el Pabellón de España de la rural del Prado, al Dr. Juan Ceretta, integrante del consultorio jurìdico de la Facultad de Derecho. Uno de los temas del diálogo fue la situación de los inmigrantes y la existencia de presuntos abusos en Uruguay.

Ceretta explicó que «el servicio que tenemos en la facultad es para personas que tienen dificultades de acceso a la justicia. Atendemos personas con causas de vulnerabilidad. Desde hace un tiempo fuimos buscando un espacio donde atender a los inmigrantes. En lo discursivo tenemos buenas normas pero nos falta estar preparados para la realidad. La Facultad de Ciencias Sociales hizo un estudio sobre los migrantes que estamos recibiendo y el nivel de formación es superior al de los uruguayos. Las escuelas públicas no tienen problema en aceptar a los niños migrantes. En general es donde menos dificultades se ven. Estas personas cuando llegan no tienen garantìas ni tampoco ingresos. Hay que ver de que manera logramos protegerlas y evitar abusos».

«En la Ley de Migraciones, si la persona no tiene iniciado el trámite de Residencia. Por la alta demanda, se está dando fecha para dentro de 4 meses para iniciarlo. Esto motiva que estas personas por ese lapso entran en el mercado laboral en negro, sin cobertura de salud, no pueden tramitar garantías para alquiler, terminan viviendo en pensiones irregulares en malas condiciones, donde muchas veces no se admiten niños y allí aparecen los abusos que se registran».

Explicó que el trabajo doméstico es el destino inicial para muchos inmigrantes: «en el caso del trabajo domèstico se da una relación que está teñida de otros vínculos. Si la despiden o si renuncia todo eso se tiñe de una relaciòn de afectividad. El trabajo doméstico en Uruguay se nutre de la industria manufacturera. La formalización es muy importante. Donde más dificultades vemos es en el servicio doméstico con cama o sin retiro. En el caso del trabajo domèstico lo que se le plantea a una mujer para venir a Uruguay, por parte de coyotes en Venezuela es que le pagan U$s 500 por mes más casa y comida. Esa mujer se imagina viviendo bien en Uruguay y girando el dinero.Uruguay tiene una legislaciòn moderna que proteje los derechos de las trabajadoras. Lo que nos falta es transformar en realidad derechos que estan reconocidos en la ley. Sigue habiendo una alto porcentaje de trabajo en negro».

Sobre la forma en que están llegando a nuestro país, Ceretta explicó que «ellos piden refugio que es la manera más fácil de entrar al país pero ellos no son refugiados por lo tanto eso implica un cambio de documentaciòn y demoras en los trámites. Escuchamos relatos de personas que salen de Cuba. Van a Guyana e inician un peregrinaje donde pagan dinero a coyotes, atraviesan el Amazonas con niños, luego están en galpones, se los suben a camiones y por Rìo Branco llegan a Uruguay. El hecho de estar lejos de su país hace que las personas estén con un riesgo de vulnerabilidad. Los problemas que nos plantean son con la documentación, con la vivienda y en lo laboral. La mayorìa del flujo de migrantes que recibimos son por razones económicas. En las entrevistas con los migrantes el lenguaje se elabora a través de imágenes y conceptos. Muchas veces hay un temor de comparecer ante un organismo oficial. Tienen miedo de ser deportados».

Uno de los problemas es el alojamiento y allí se observan abusos. Ceretta explicó que «un migrante cubano que llega a Uruguay está pagando 8 o 9 mil pesos por una cama. Después que pasa unos días, renegocia su contrato y acuerda un precio por habitación, pero ellos no saben si lo que le piden está bien o no. Por ejemplo, ahora estamos promoviendo una acción judicial por 40 personas que demandan al dueño de una pensión porque viven en pésimas condiciones, sin saneamiento y con ratas. Existen casos de 90 personas viviendo en una pensión con un solo baño, debiendo hacer colas de 2 horas para acceder al mismo. El MIDES tiene una respuesta de refugio. Es de momento. No es una soluciòn duradera».

Ceretta explicó que el consultorio jurídico de la Facultad «atiende también consultas por acceso a prestaciones de salud. Es un volumen que nos está desbordando. El año pasado hicimos 107 demandas por casos como medicamentos y prótesis».

 

Aquí la entrevista completa con Aldo Silva: