Balances del 2018 indican deudas con DGI, BPS y UTE.
El presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, dijo que la situación de envidrio seguirá en la Justicia, y será quien decidirá cómo el Estado podrá recuperar algo de la inversión.
Fernández dijo que el organismo acudió a la Justicia «a los efectos de hacernos de las garantías prendarias que se habían tomado cuando fue firmada la última refinanciación»
Informó que la situación patrimonial de la cooperativa es débil cuyos balances “a fines de 2018 con un pasivo en torno a los 48 millones de dólares» con deudas «con DGI, BPS y UTE».
Aseguró que retomar la actividad era casi imposible porque el horno «estaba apagado desde diciembre del año pasado» y «ni los trabajadores estaban trabajando, ni la planta estaba produciendo, ni el Estado estaba cobrando parte de lo que había invertido en ello».
Concluyó «No somos nosotros quienes apagamos la velita encendida del socialismo, sí somos nosotros todos los que pagamos la vela prendida del socialismo».
