Por Antonio Ladra
Si no estuviéramos en medio de la pandemia del coronavirus sería el tema más importante el que seguramente llenaría los titulares de los medios de comunicación y seria el tema más debatido. La reforma de la seguridad social es el tema más importante, vital diría, si miramos el país con una perspectiva de 15 a 20 años para adelante.
Desde noviembre pasado funciona una comisión de expertos creada por el gobierno para estudiar una reforma de todo el sistema de seguridad social, que cuenta con representantes de los partidos políticos y de los sectores sociales.
El presidente de esta comisión de expertos es Rodolfo Saldain, una garantía de seriedad ya que el ex presidente del Banco de Previsión Social se ha especializado en temas previsionales y es uno de los que más conoce, no en Uruguay sino en América latina.
La comisión es plural y con una amplia visión, algunas contrapuestas, por lo que cobra relevancia la manera en que tomara las decisiones y en ese sentido se definió que sea “prioritariamente por consenso”, pero si en una primera instancia no se alcanza, “la decisión se aplaza a la siguiente sesión, en la que podrá adoptarse por la mayoría” de nueve votos a favor.
Hay aquí entonces una primera definición y es que el gobierno se asegura alcanzar mayoría teniendo los votos de sus representantes y de los técnicos que representan a los socios de la coalición de gobierno, pero según ha dicho Saldain la idea es que todos participen que los acuerdos salgan por consenso.
El envejecimiento, la informalidad, el aumento de la edad jubilatoria, los regímenes de reparto y de ahorro y los privilegios de los militares deben estar arriba de la mesa si efectivamente hay una intencion reformista en serio. Con la reforma se pretende abarcar a todo el sistema previsional: no sólo el BPS sino también las AFAP y las cajas paraestatales: Bancaria, Notarial, Militar, Policial y de Profesionales.
La seguridad social representa hoy para el Estado 11 puntos del Producto Interno Bruto por lo que tiene un peso muy importante sobre el tema fiscal y las proyecciones de este gasto son crecientes. Este déficit es creciente, en función de la caída de la población económicamente activa y el envejecimiento de la población uruguaya. El sistema actual es muy difícil de sostener o es insostenible. La demografía de Uruguay juega en contra y justifica la reforma y en esto no hay dos visiones.
El sistema esta lo suficientemente diagnosticado como para que se den a largas. La urgencia de la reforma nadie la discute.Ya al final del periodo del gobierno anterior el entonces ministro de Economia Danilo Astori hablaba de ello.
Pero la reforma debe ser sostenible y no debe implicar un retroceso sobre las conquistas ya logradas, o que afecte a un sistema que es de los más avanzados de la región.
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Imagen: Archivo Universal
