«Resulta por lo menos sorprendente que los legisladores no hayan leído con atención las conclusiones a las que arriba el TCA», indicaron.
A través de un comunicado, la empresa Katoen Natie respondió a las declaraciones que se dieron por parte del Frente Amplio. «En el día de hoy, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo se realizaron una serie de consideraciones, referidas a la empresa Terminal Cuenca del Plata S.A. que la empresa reputa mal fundadas y producto de una lectura superficial de hechos ampliamente documentados», expresaron.
Trae, en ese sentido, a colación una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dictada el 24 de julio de 2008 en referencia a la impugnación que la empresa presentara contra el llamado a licitación pública internacional que, en 2003, hiciera el Poder Ejecutivo a fin de otorgar la explotación integral de una llamada «terminal polivalente» en el puerto de Montevideo.
«Debe entenderse (inquieta que los legisladores no lo tengan presente) que el tratado de protección de inversiones que ampara las del grupo Katoen Natie en Uruguay establece, como casi todos los de su género, la necesidad de agotar la vía jurisdiccional doméstica como requisito previo a intentar la vía internacional. Resulta por lo menos sorprendente que los legisladores no hayan leído con atención las conclusiones a las que arriba el TCA», sostienen.
Agregaron que «es obvio», como lo indica el TCA, que las autoridades nacionales disponen, actuando dentro de sus cometidos, de todas las potestades de dictar normas en perjuicio de terceros o en contravención de sus obligaciones expresamente asumidas.
«El no comprender estos principios básicos llevó a los legisladores a formular comentarios desafortunados, como el de atribuir «mala fe» a la empresa que no habría hecho caudal de este tema meramente procedimental, al tiempo que deja de hacerse comentario alguno sobre las graves irregularidades administrativas denunciadas por sus ejecutivos y asesores ante el Poder Ejecutivo en 2016, y la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores en su sesión del 16 de junio de 2021″, expresaron.
«Han sido esas irregularidades ampliamente documentadas, en directo perjuicio tanto de TCP S.A. como de la ANP, las que hubieran llevado a Katoen Natie a poner en marcha los mecanismos resarcitorios internacionales que el acuerdo finalmente concluido con el Poder Ejecutivo en 2021 permitió aventar», afirmaron.
Además, añadieron que se podía generar puestos de trabajo y promover la importación de habilidades y tecnologías imprescindibles para posicionar a Montevideo como un puerto modelo en la región.
