Columna «Lugar a Dudas» en Punto de Encuentro por el periodista Antonio Ladra
En las últimas horas los uruguayos asistimos atónitos a dos hechos vinculados entre sí, pero que son demostrativos de la fragmentación y el enfrentamiento político entre oficialismo y oposición, donde cada parte procura instalar su relato sobre las gestiones anteriores.
La polémica gira alrededor de Antel, la telefónica uruguaya y más concretamente la construcción del Antel Arena, obra realizada durante la gestión de la actual intendenta de Montevideo Carolina Cosse.
La polémica sobre el Antel Arena
Polémica porque se tiró abajo un edificio único como el Cilindro Municipal el que, según varios expertos, podía ser recuperado a pesar de su incendio cuando ya agonizaba por falta de mantenimiento.
Polémica porque la telefónica estatal no tiene entre sus cometidos la construcción de un edificio como el Antel Arena y fue en puridad la Intendencia de Montevideo la que aparece como la constructora que cedió ese edificio a través de artilugios no muy comprensibles para la gente.
Polémica por el costo, a tal punto que, al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, ordenó, en aras de un ajuste en las cuentas públicas, no continuar con la obra, pero perdió la pulseada con el sindicato de la construcción, el Partido Comunista, el ex presidente José Mujica y su sector, el MPP.
Hubo polémica porque se entendió, quizás con algo de razón, que la obra era el basamento para una carrera política de Carolina Cosse, actual intendenta de Montevideo y ya aspirante, o, mejor dicho, segura precandidata del Frente Amplio para las próximas elecciones.
Y el Antel Arena está bajo el escrutinio de la actual administración en el entendido que es un flanco débil del Frente Amplio ante la opinión pública.
Ya se presentó una denuncia penal por el Antel Arena por presuntas irregularidades en la construcción. La denuncia está basada en las conclusiones de una auditoría. Este análisis determinó, entre otras cosas, que el complejo costó US$ 120 millones, o sea tres veces más de lo que dijo en un principio Carolina Cosse cuando era presidenta de Antel.
El actual vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, había dicho que la empresa iba a elevar a la Fiscalía los resultados de la auditoría. “Resumiendo, costó US$ 120 millones, debíamos US$ 47 millones (en junio de 2020) y vale US$ 34 millones”, explicó.
Lo que ocurrió ahora fue que hubo un llamado a sala del ministro de Industria Omar Paganini y el presidente de Antel Gabriel Gurméndez, con el objetivo de darle estado parlamentario al tema Antel Arena, pero lo llamativo fue que la interpelación la hizo el oficialismo, algo inédito sobre todo cuando hay otros mecanismos, como es el llamado a sala en régimen de comisión general.
La interpelación es una de las herramientas de las que dispone el Poder Legislativo para controlar al Ejecutivo, pero con esta movida se la degrada y con ello afecta la calidad de la democracia. En esta interpelación se les pidió a Paganini y Gurméndez información que ya es pública, y que apunta contra Carolina Cosse.
Los senadores del Frente Amplio por su parte redoblaron la apuesta y no solo no participaron de la sesión parlamentaria, sino que estuvieron activos en convocar junto a Sutel, el Sunca y el PIT-CNT a la movilización “Abrazo al Antel Arena”. Allí se cuestionaron los datos, los cálculos y las conclusiones de la auditoría, así como el llamado a sala realizado poco antes. Fue una cerrada defensa del Antel Arena y de Carolina Cosse.
Todo este episodio es inédito y preocupante, porque como bien dijo el politólogo Daniel Chasquetti, en el Parlamento es donde se tiene que intentar zurcir las diferencias políticas y lo ocurrido, con las actitudes asumidas por el oficialismo y por la oposición, demuestra no pueden dar ni siquiera una puntada.
Pero hay más, si los números y los cuestionamientos realizados por el gobierno son ciertos, el Frente Amplio deberá rever esas defensas cerradas, porque después se pagan. El caso Sendic es paradigmático.
La cuestión de fondo, sobre si realmente hubo o no hubo irregularidades en la obra, ya está en manos del sistema judicial y será en ese ámbito donde finalmente se dirima este contencioso. De lo contrario seguimos en camino a generar la famosa y al parecer alentada por muchos y desde ambos lados, grieta en la convivencia democrática.
